El Correo de Burgos

La Junta apuesta por Garoña pese a la fractura interna de Nuclenor

Endesa e Iberdrola, incapaces de alcanzar un acuerdo, descartan presentar alegaciones

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Tal y como se preveía, la Junta de Castilla y León ha presentado alegaciones en favor de la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña hasta 2031. Lo confirmaba ayer la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, mientras se amparaba una vez más en el informe favorable remitido por el Consejo de Seguridad Nuclear. De esta forma, reafirmó la «posición favorable» del Gobierno regional para que vuelva a operar lo antes posible.En declaraciones recogidas por Europa Press, Del Olmo reiteró que «la merma en la actividad económica y el empleo serían inasumibles» con el cierre de la planta. Al mismo tiempo, defendió la necesidad de mantener al sector del carbón como fuente de energía, ya que es la fuente «más barata» junto con la nuclear. Por otra parte, remarcó la continuidad de la central «siempre que haya seguridad para las personas», amén de considerar que la reapertura de Garoña podría conllevar la generación de 1.000 puestos de trabajo.Mientras tanto, la ruptura en el seno de Nuclenor se hace cada día más patente. El pasado miércoles, la junta de accionistas de Endesa e Iberdrola no alcanzó «ningún acuerdo» sobre el futuro de la central. Así lo aseguraba ayer a la agencia Ical el jefe de comunicación de la empresa, Fernando Fernández, convencido de que «no se presentan alegaciones» porque es un tema que «solo compete a esa junta de accionistas».Fernández remarcó además que se trata de «un trámite más del procedimiento administrativo que mantiene abierto el Ministerio de Industria», por lo que al margen de las alegaciones, el proceso de reapertura o cierre de la planta continúa «abierto hasta que se pronuncie el Ministerio».«Ahora son los accionistas, ni siquiera los propietarios de Endesa e Iberdrola, los que tienen que tomar decisiones y Nuclenor solo sabe que se ha celebrado esa junta y no se ha llegado a acuerdo», apostilló el jefe de comunicación de la compañía, incapaz de predecir si finalmente «habrá acuerdo o no» entre Endesa a Iberdrola.Posturas enfrentadasEl periodo de alegaciones abierto por el Ministerio de Energía para que las 11 entidades personadas en el procedimiento pudiesen presentar los documentos que consideren oportunos finalizó ayer. Como era de esperar, el rechazo a Garoña contó con el respaldo en bloque del País Vasco. El Gobierno autonómico, la Diputación de Álava y el Parlamento remitieron recientemente sus alegaciones contra la reactivación de la central. Cualquier otra postura hubiese resultado sorprendente, máxime cuando la Cámara vasca aprobó la interposición de un recurso contra el dictamen favorable del CSN.También se esperaban las alegaciones contrarias de Greenpeace, que esperó al último día de plazo para remitírselas al Ministerio. A través de un comunicado, la organización ecologista tildó de «espectáculo» el proceso abierto durante los últimos meses para decidir el futuro de Garoña, pues «parece que nadie, salvo el propio Ministerio, tiene interés en mantener la planta en funcionamiento».Greenpeace aprovechó la ocasión para lanzar un recado al ministro de Energía, Álvaro Nadal, con la intención de que no solo tenga en cuenta el posicionamiento de las partes personadas, sino también «la opinión mayoritaria del Congreso de los Diputados». Por otro lado, la responsable de la campaña nuclear de la agrupación ecologista, Raquel Montón, señaló que «Iberdrola no quiere la reapertura y Enel-Endesa solo quiere sacar tajada y que le compensen por el cierre».Al otro lado del ring se sitúa la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), que el pasado jueves acordó en asamblea la presentación de alegaciones favorables siempre y cuando «se cumplan todos los requisitos de seguridad necesarios para garantizar la protección de las personas y del medio ambiente en los términos establecidos en el informe aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear». No obstante, la entidad considera necesario el desarrollo un «simulacro general de emergencia» que «demuestre la efectividad» del Plan de Emergencia Nuclear Exterior (PEN) y «manifieste las necesidades que deben cubrirse».

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