La recuperación de un camino desata una polémica vecinal

Cuando Helmut Harald aterrizó en Población de Arreba a principios de los 90, decidió adquirir una vivienda con la intención de rehabilitarla. Durante los primeros 12 años «venía solo por vacaciones», y ya por entonces comprobó el estado de abandono en el que se encontraba el camino que bordea el inmueble. La maleza descontrolada dificultaba el tránsito, así que cogió una guadaña para adecentar la zona y «poder pisar». Asumió una tarea que no le correspondía porque «el Ayuntamiento no lo hacía», como mucho «una vez al año».Fijó su residencia definitivamente en 2003 y siguió desbrozando el sendero. Al mismo tiempo, comenzó a «embellecer» el entorno con árboles -saúco, pinos, cerezos...- y distintas variedades de plantas aromáticas. También instaló un sistema de «drenaje, desagüe y salida con escalera» aprovechando 20 metros de titularidad privada con el permiso de su propietario. En todo este tiempo, no recibió queja alguna por parte de las autoridades competentes.La historia de este ecologista alemán dio un giro radical el año pasado cuando el Ayuntamiento del Valle de Manzanedo le anunció sus planes de recuperar el camino amparándose en que era de dominio público. De nada le sirvió a Harald presentar alegaciones. La Corporación desestimó sus argumentos en el pleno extraordinario del 8 de febrero alegando, entre otras cosas, que en sus escritos «no se menciona normativa o argumento jurídico alguno que contradigan la normativa aplicada», ratificada por «acuerdo» en el pleno del 1 de junio de 2016.Lo que peor le sentó a Harald es que el Ayuntamiento le acusase de «usurpación» porque en ningún momento ha impedido o dificultado el acceso. Lo corrobora Margarita Pérez, concejala del PP en Manzanedo. Después de conocer el caso dePoblación, que también afecta «a otra vecina colindante», comprobó «in situ» que se puede «transitar libremente sin ningún problema». Al mismo tiempo, tuvo la sensación de que «quizás estos vecinos se merecían más atención en cuestión de limpieza de matorral (...) dado que el motivo del expediente trataba de lo público».Antes de pedir explicaciones al equipo de Gobierno, la edil habló con el alcalde pedáneo y con los vecinos para conocer su versión. A continuación, trató de dilucidar «cómo era posible» que la anterior regidora de Población, actualmente concejala socialista en el Valle de Manzanedo, «no solo no lo denunció, sino que nunca hizo mención de la existencia de este problema en el Ayuntamiento a lo largo de los años que ha estado».La principal hipótesis que baraja Pérez es la de una vendetta política. «Fue tomar posesión el actual alcalde pedáneo por el PP y a los pocos días denunciar a estos vecinos», argumenta convencida de la implicación del marido de la edil socialista, no solo porque fue «uno de los testigos de dicha denuncia», sino también porque recientemente dejó de ser «peón en el Ayuntamiento» para convertirse en«trabajador fijo».Harald, por su parte, trató de evitar por todos los medios que la intervención se llevase a cabo. Asegura que el Ayuntamiento no ha respondido a uno solo de sus escritos y que por ello recurrió al Procurador del Común. Sin embargo, Javier Amoedo Conde desestimó su queja amparándose en el artículo 68 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que confiere potestad y obliga a los gestores públicos a ejercitar «cualquier acción que sea necesaria para la defensa de bienes y derechos».No obstante, a pesar de avalar la «recuperación de oficio» del espacio, el Procurador del Común reconocía que «carece de medios y de competencias legales para elaborar informes técnicos sobre las cuestiones que le son sometidas a su consideración». Con ello se refiere a la presunta usurpación de un dominio público por parte de los dos vecinos tomando como base los informes de la Corporación. Así pues, no le quedó otra que subrayar que «se les supone veracidad» salvo que «puedan aportarse pruebas irrefutables que desvirtúen la información que aquellos contienen».Con todo en su contra, «luchando contra molinos de viento» y planteándose incluso abandonar el pueblo, Harald fue testigo el 6 de julio de la intervención que tanto temía. Ocurrió «de madrugada» y la alcaldesa, María del Carmen Sáiz, estuvo presente. Ese mismo día, después de asimilarlo, se desahogó en Facebook expresando su «tristeza e incredulidad» ante una «matanza por venganza» que «destruye muchas vidas -en alusión a los árboles y plantas- y quita el camino más bonito del pueblo».La recuperación de la vía afectó a su propiedad tras la eliminación de parte de un muro que servía de «apoyo» al suyo. Lo construyó, junto a un amigo, hace unos años para evitar su caída en caso de fuertes precipitaciones. Pero no es el único problema de Harald relacionado con el agua. En mayo del año pasado, su sistema de depuración «de alta calidad» se estropeó porque «no me avisaron de la limpieza del depósito» de la localidad. Así se lo comunicó por escrito al Ayuntamiento para exigir el pago de unos arreglos que asumió por su cuenta y cuya factura asciende a «131 euros». De momento, permanece a la espera y no tiene constancia de que vaya a recibir compensación alguna.Quizá no sea el único desembolso que tenga que afrontar. La edil popular cree que Harald deberá costear los trabajos de recuperación del sendero al tratarse de una resolución municipal «subsidiaria». En cuanto a las obras ejecutadas que permitirán ampliar la calle, se muestra convencida de que la intención del Consistorio es «hormigonarla en un futuro próximo» como se hizo «en su día» con una calle en Cidad de Ebro pese a las «firmas en contra de muchos propietarios» que «se opusieron a ello».A Pérez no le entra en la cabeza que la alcaldesa defienda en este caso la titularidad municipal de un espacio cuando «en el pueblo de Rioseco existe un camino público invadido de tuberías por parte de un empresario al que algún miembro de la Corporación supuestamente realizaría trabajos por obra determinada y de forma esporádica en el campo». La concejala llevó el caso a los tribunales hace seis años para exigir el libre acceso a los bienes y senderos públicos de Fuente Humorera y Rioseco después de que el equipo de Gobierno permitiese su vallado al propietario de la finca en la que se encuentran ambos pueblos. El procedimiento continúa abierto a día de hoy mientras la edil insiste en que se ha cometido un «presunto delito de prevaricación administrativa».Volviendo a Población, la concejala afirma que algunos vecinos «están muy molestos con esta situación» y «tienen muy claro que van a tomar medidas». Recuerda además que «ya ocurrió algo muy parecido hace unos años» con otra calle y con «intereses» de por medio. Esa vez, «y como siempre», un grupo de habitantes demostraron, a su juicio, ser «coherentes y luchadores por la verdad y la defensa de lo público» mientras otros se convertían en «cómplices».Harald no entra en el sentir vecinal, si bien es cierto que ha recibido mensajes de apoyo en Facebook. Tiene otras prioridades. Por ejemplo, obtener los certificados de empadronamiento que solicitó en abril y que le denegaron por no firmar «la recepción de una comunicación que por otros motivos me ha dirigido el Ayuntamiento».