RIBERA
La exención de tasas por ocupar la vía pública se aplicará en 2018
El Consistorio decidió que las peñas y otros colectivos de interés social no pagarán
La tasa cayó como un jarro de agua fría en peñas y asociaciones.-L. V.
Aunque el Pleno dio su visto bueno ayer por unanimidad, la exención de las tasas que este año han tenido que pagar todos los colectivos y asociaciones por instalar puestos, barras, casetas, espectáculos o atracciones en vía pública, entrará en vigor el 1 de enero de 2017. Según la modificación aplicada a la ordenanza fiscal, la medida afectará solo a las entidades sin ánimo de lucro y con carácter de interés social, turístico o cultural cuyas actividades sean declaradas de interés municipal. Además, para acogerse a esta dispensa el proyecto deberá contar con la colaboración del Ayuntamiento de Aranda. Si bien la ordenanza no es nueva, el pago se aplicó por primera vez este año cuando la peña El Jarro solicitó permiso para organizar su fiesta. Al incluir un hinchable, la nueva secretaria revisó la ordenanza y se percató de la obligatoriedad de la tasa, entre otras cuestiones. Noticia que cayó como un jarro de agua fría en peñas y asociaciones. En la sesión plenaria de ayer, el Ayuntamiento dio otro paso para disipar la tensión que se había creado con las peñas, al aceptar cambiar el formato de las subvenciones de mantenimiento y limpieza de bodegas para que, en lugar de hacer un reparto equitativo, se realice una propuesta anual consensuada entre los colectivos, con la que centrar el presupuesto en tres únicos proyectos. Las elegidas en la propuesta actual son La Amistad, que pretende arreglar la escalera; El Chilindrón, que construirá un nuevo arco para reforzar una nave; y Niño de La Capea, que encargará un estudio topográfico. El prepuesto total será de 20.000 euros. Asimismo, la corporación acepta ampliar la subvención de Festejos para las fiestas, por lo que a partir de este año, cada peña recibirá 5.000 euros en lugar de 3.000. Por otro lado, el Ayuntamiento solicitará un préstamo de 249.100 euros para afrontar el pago de los intereses generados por la sentencia del caso Proincove. Según explica el concejal de Hacienda, Emilio Berzosa, la capacidad del Ayuntamiento para pedir un crédito es de 376.000 euros.