El derribo de Santa Lucía 7 depende de las notificaciones

Tras años de incertidumbre y espera, el derribo del edificio ubicado en el número 7 de la calle Santa Lucía está un poco más cerca. «Hace un mes nos dieron la licencia y ahora estamos a la espera de que notifiquen al resto de propietarios», explica uno de los dueños, Pedro Guerrero. Porque ahí radica el principal problema: los cerca de veinte herederos. «Yo a algunos ni les conozco», advierte.Lo único que sabe es que son hijos del hermano de su bisabuelo (los primeros propietarios) y que hace muchos años se marcharon a vivir al Sur, «a Cádiz o Sevilla». «Sé que eran tres hermanos y por lo que tengo entendido dos fallecieron pero no sabemos nada más; ni siquiera si tuvieron descendencia o cuantos son ahora».Por el momento, la notificación solo les ha llegado (y hace apenas un mes) a ellos, o mejor dicho a su madre, que falleció hace un año. «Nosotros somos cinco hermanos y en Aranda sé que hay unos once o doce propietarios; es un tema muy complicado», subraya a sabiendas de que el derribo no será barato. «Hicimos hace siete u ocho años un cálculo pero habría que actualizarlo».La opción de restaurar el inmueble parece descartada. «Desde luego nuestra intención ha sido siempre el derribo pero habrá que ver qué dice el resto de propietarios».De hecho, su madre fue la que comenzó a promover hace años primero la ruina económica y luego el derribo. «Llevamos con esto más de siete años; primero solicitamos la ruina económica y se dio pero el juzgado no la admitió (2008) y ahora el Ayuntamiento, hace dos meses por fin nos la ha dado», celebra.Su enfrentamiento en el juzgado hace referencia al litigio que mantiene el inquilino; el gerente del local de la planta baja, Musical Alvi, con la propiedad. «Como ciudadano me siento totalmente desamparado por esta corporación que a través de expedientes y más expedientes deja transcurrir el tiempo sin obligar a los propietarios a realizar las obras necesarias para que un edificio emblemático se mantenga en pie», lamentaba en 2013, José Rodríguez, al recordar que tres años antes, el Ayuntamiento dio a la propiedad un plazo de doce meses para ejecutar unas obras que estaban valoradas entonces en 454.149 euros.La reforma, casi integral, afectaba al saneamiento de todos los elementos estructurales deteriorados, el picado del revoco exterior, la rehabilitación de los falsos techos, tareas de pintura y carpintería y el abastecimiento y alumbrado de todo el inmueble. «No hicieron nada y aunque se han puesto multas nadie ha pagado un solo euro», reprocha ahora su hija convencida de que entre el Ayuntamiento y los dueños de este edificio «lo han dejado morir».Por ello, no descartan acudir de nuevo a la vía judicial donde podrían reclamar daños y perjuicios. «Por ahora vamos a esperar a que nos llegue la notificación», señala.VigenciaLa licencia de derribo tendrá una vigencia de dos meses. «El plazo comienza a contar cuando el Ayuntamiento de Aranda envíe la notificación a todos los propietarios», explica Pedro Guerrero a sabiendas de que a los andaluces habrá que recurrir a edictos como en ocasiones anteriores. Y mientras el edificio espera en un estado de ruina clara. «Yo entré por última vez hace un año y ya estaba muy mal», asevera Guerrero.