El PSOE exige retomar el Plan Reindus para la zona de Garoña

El PSOE quiso comenzar el curso con el primer día de septiembre, y lo hizo ayer dando a conocer los deberes a llevar a cabo en el seno de las instituciones provinciales, regionales y nacionales que se ha ‘autoimpuesto’ para el último trimestre del año. «Y que girarán en torno a tres grandes bloques como serán los servicios públicos, las infraestructuras y el desarrollo económico y del empleo», detalló la diputada nacional, Esther Peña. «Y dentro de éste último, actuaciones directamente vinculadas a Garoña, tras decidir el Gobierno Central en julio no reactivar la nuclear».Junto a Peña, la procuradora regional, Virginia Jiménez, concretó que la primera iniciativa a este respecto, será llevar al Pleno de las Cortes del próximo miércoles 6, una propuesta en la que el PSOE detalla hasta diez medidas, con el futuro de la comarca y de la plantilla de la nuclear burgalesa como grandes protagonistas.«El Partido Popular lleva seis años mintiendo a todos y mirando para otro lado, y ahora en que el momento real ha llegado, no hay ningún plan de desarrollo de la zona y de futuro para su plantilla», reprochó la procuradora regional, Virginia Jiménez. «Inmovilidad contra la que nosotros tenemos 10 propuestas que urgiremos para su puesta en marcha cuanto antes».Jiménez explicó que, entre esos puntos, estará pedir a la Junta que exija al Gobierno Central que recupere cuanto antes el Plan Reindus aparcado hace años. «Que elabore con urgencia un plan plurianual de dinamización de las comarcas más afectadas, sobre todo Miranda de Ebro y de Merindades, al que destine al menos una partida de 25 millones de euros», solicitó. «A los que la Junta deberá hacer también aportaciones a través de sus presupuestos, a la par que busca involucrar a la Diputación», reclamó .La elaboración de un informe de la situación real y las posibles soluciones, además de la creación de una mesa de seguimiento de todas las actuaciones realizadas en pos de la revitalización de la zona -«en la que dar cabida a todas las instituciones, así como al resto de agentes sociales como grupos políticos, sindicatos y ayuntamientos de la zona afectada»-, son algunos otros aspectos de la propuesta global que el PSOE defenderá en las Cortes la próxima semana.Así como la elaboración de un calendario del futuro desmantelado de la central, y del control y retirada de los residuos existente en ésta. «Ya que a día de hoy Nuclenor (empresa dueña de la central), no ha hecho la solicitud para llevarlo a cabo, ni al CSN (Consejo de Segurida Nuclear) ni al Ministerio de Energía», aseguró Peña.dentro de la Red Europea«Y sobre todo, dar forma a un Pacto de Estado sobre la energía, para iniciar de una vez un giro hacia un sistema energético sostenible de cara a un futuro real sin Garoña», añdió Jiménez.Ya dentro del área de Infraestructuras, Peña destacó que velarán por que el Tren Directo no caiga en el olvido. Por lo que, entre otras cosas, «lanzaremos al PP una batería de preguntas destinada a saber por qué los informes que está realizando sobre la viabilidad de esta línea, tanto desde la Junta como desde la Diputación, se basan en datos de 2012, en lugar de trabajar con datos actuales», reprochó Peña.Añadió que interpelarán a los populares sobre la inclusión del Tren Directo en el informe que éstos deben elaborar a petición de la Unión Europea -«y que se espera esté en manos de ésta antes de 2023»-, sobre qué líneas podrían incorporarse a la futura red europea que prevé estar en marcha en 2030. «Ya que queremos saber si entre ellas han incluido el Tren Directo», avanzó Peña.Solicitar por escrito que el área de Fomento les dé el informe sobre la situación actual de la AP1 y su futura liberalización, es otro de los deberes autoimpuestos por el PSOE como parte del bloque de trabajo centrado en las infraestructuras. «Meses atrás se nos dijo que se estaba elaborando, con lo que entendemos que ya ha habido tiempo de concluirlo».Finalmente, y como parte del tercer bloque temático en el que el PSOE desarrollará su labor durante este último trimestre del año, la mejora de los servicios públicos, Peña y Jiménez remarcaron que la primera exigencia socialista será, «pedir la firma de un decreto ley que permita a las entidades localues invertir su superávit».Recuerdan que según la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) «las entidades locales cuentan con más de 250 millones de euros de superávit, y sin embargo no los pueden utilizar en arreglos en sus localidades por prohibición del Ministerio de Hacienda a través de su Ley de Estabilidad de 2012, a pesar de ser la institución más saneada y que tiene su deuda más controlada».