Trabajo pregunta a Diputación sobre las motoniveladoras

La Inspección de Trabajo ha citado a la Diputación para que acuda este mes a declarar, y pedirle explicaciones sobre la ampliación del contrato que, hasta julio, ésta mantenía con una empresa para realizar trabajos con motoniveladoras. Prórroga parada desde entonces, después de que la junta de personal y el comité de empresa de la Institución Provincial denunciaran la situación al considerarla «plagada de peligrosos incumplimientos», asegura el jefe del servicio de Agricultura y Medio Ambiente, Luis Pérez, a la par presidente de la junta de personal.Irregularidades que motivaron el informe desfavorable a la prórroga de los técnicos, este mes de julio tras acabar el contrato de 12 meses de duración, «pues se incumplían no sólo pautas del pliego de concurso sino decretos sobre seguridad». Entre ellas, la inexistencia del obligado coordinador de seguridad y salud, el manejo de estas tres motoniveladoras de apoyo por personal externo a la Diputación, o la ausencia de una persona para señalizar los trabajos y evitar accidentes -que debía aportar el Ayuntamiento que solicitaba los trabajos-, entre otras cuestiones.Desde Agricultura recuerdan que la Diputación publicó en verano de 2016 el contrato de refuerzo para trabajos a realizar con 3 motoniveladoras externas -sumándose así a las 4 que ya posee la Diputación-. Con un 1 año de duración, acabó en el mes de julio, dando paso a una posible prórroga que debía ser aprobada con un informe al respecto emitido por los técnicos del área.200 servicios al añoNivelaciones de caminos, extensión de zahorra en éstos, repaso y limpieza de los laterales de cunetas o el remarcado de límites de campos de concentración parcelaria son algunos de esos trabajos realizados con estas grandes máquinas, «siendo más de 200 los que se realizan anualmente», cifra. «Y la mayoría en zonas compartidas con vecinos, viandantes, animales u otros vehículos», detalla, «lo que trae consigo un grave riesgo, y que hace que el coordinador de seguridad responsable sea imprescindible para programar cualquier trabajo, ya de por sí obligatorio por ley», argumenta.La sorpresa llegó poco después, tras conocer Pérez -entonces de vacaciones-, que el secretario general de la Diputación «había considerado innecesaria la contratación del coordinador», e incluso que en caso de tener que hacerlo, debía correr a cargo de la adjudicataria. De esta forma, no sólo se ponía en duda la decisión argumentada de los técnicos -al obviar el informe negativo sobre dicha prórroga-, sino que se abría la puerta a ésta.«¿Cómo va a emplear la empresa a la que se debe controlar que haga bien las cosas, a su propio controlador? Tendrá que hacerlo quien le encarga la obra- en este caso la Diputación-, siendo este coordinador de seguridad quien vigilará que todo se haga como es debido», argumenta el responsable del área.«Y como seguir adelante con los trabajos previstos sin dicha figura es un incumplimiento muy grave de la ley, además de ser el promotor de la obra quien debe contratarla, decidimos denunciar el proceso ante la Inspección de Trabajo», recuerda.La Junta les da la razónIrregularidades a las que se sumaba la contratación por parte de la adjudicataria, y sin haber informado previamente a la Diputación de ello, de un autónomo como conductor de una de sus motoniveladoras. «Lo que corrobora aún más nuestra insistencia de contratar al coordinador, pues la ley afirma que es obligatorio en obras en las que se involucra a más de una empresa o a autónomos», recuerda Pérez.Ante tanto «desatino» que en Agricultura entendieron como «una incertidumbre muy peligrosa», se denunció la situación ante la Inspección de Trabajo, a la par que se envió consulta al respecto a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta.La casualidad ha querido que dicha citación de la Inspección de Trabajo haya coincidido esta semana con la respuesta desde la Unidad regional consultada, en la que atienden la solicitud de amparo solicitada por los técnicos del área de Agricultura de la Diputación Provincial. Y les dan la razón, al considerar también que dicho puesto «es obligatorio e imprescindible en este tipo de actuaciones», además de «tener que ser la Diputación quien debe contratarle al ser la que promueve las actuaciones», detalla el organismo regional en el comunicado de respuesta.Desde el servicio aseguran no entender la negativa de Secretaría a dar el visto bueno a una serie de trámites, «que no son ganas de fastidiar sino de obligados por ley, entre ellos una contratación necesaria y que además no supone un elevado gasto salarial», matiza Pérez. «Amén de dejar en evidencia al servicio de Secretaría de la Diputación, donde sus miembros, por lo visto, parecen estar más capacitados que los ingenieros y técnicos especializados que trabajamos en este área provincial, algunos desde hace más de una década», añade.Por ello, muestra su deseo de que la situación vuelva a la normalidad, «ya que éste es un servicio muy demandado que cuenta habitualmente con lista de espera, y que desde julio no ha avanzado nada», generando numerosas quejas de los municipios y de la oposición.EL PSOE critica que «se hayan perdido estos meses»Desde el PSOE provincial critican que se hayn perdido estos meses para realizar estos trabajos tan necesarios para los pueblos, por un conflicto laboral generado por la Diputación. Recuerdan que ya propusieron la contratación de más personal para estos arreglos, evitando así la contratación de empresas de apoyo, «su gestión directa frente a la apuesta del PP por la externalización de su refuerzo sólo por cuestiones económicas», criticó el diputado provincial Javier Lezcano.