Tobalina anula 5 contratos y estudia denunciar a la gestoría

El Ayuntamiento de Valle de Tobalina anuló la pasada semana los cinco contratos de la alcaldesa y los cuatro ediles del Partido Popular en la corporación, tal y como se le solicitó desde la Inspección de Trabajo tras considerarlos ésta irregulares. Solicitud con la que se da la razón a los concejales del PSOE de la corporación, quienes en septiembre de 2015 denunciaron la situación tras entender que había en ellos irregularidades.Cuestión a las que podría sumarse alguna medida contra la gestoría encargada de realizar las tramitaciones municipales, al estar el Consistorio estudiando la posibilidad. «Ya que no es la primera negligencia en la que incurre, poniendo en cuestión la gestión municipal y dando pie a polémicas que podrían evitarse al ser en verdad simples errores», reprocha la alcaldesa popular, Raquel González.«Hacer las cosas bien»Si bien reconoce que es el Ayuntamiento el que solicita la realización de los trámites, «nuestra intención fue siempre hacer las cosas bien y como no sabemos cómo decidimos buscar a quien supuestamente sabe hacerlo», añade. «Porque debo aclarar que en esta cuestión, no se trata de que sea un cobro mal hecho sino un cobro justo pero a través de una fórmula equivocada», remarca. Error que el concejal del PSOE, Jesús López de Mendoza, interpreta como un error del equipo de Gobierno local, «pues ya les advertimos que no estaba bien y que íbamos a denunciarlo, y aún así siguieron».Sueldos que entre los cinco representantes populares «han supuesto 60.000 euros anuales, 20.000 brutos la alcaldesa y 6.000 cada edil», cifró el socialista, siendo sólo ellos quienes reciben este pago, «pues los demás sólo cobramos por asistencia a los diferentes Plenos y comisiones».Recuerda que la corporación de Valle de Tobalina la configuran 5 miembros del PP -uno de ellos la propia alcaldesa-, a los que se suman 2 por el PSOE y otros 2 por Vivir en Tobalina.Sueldo que la Inspección «no les obliga a devolver», reconoció, «pero al que se sumaba estar dado de alta como si fueran un trabajador más y con derecho a finiquito», tras dejar su cargo. «Cuando ellos son cargos públicos elegidos por los ciudadanos que escogieron libremente entrar en política».Desconocedor ayer de si el Ayuntamiento había suspendido los contratos ante el Ecyl -acción para la que la Inspección en su decisión del 29 de agosto daba un plazo de 10 días al Ayuntamiento tobalinés-, el edil del grupo socialsita avanzaba que de no haberlo hecho exponiéndose a una sanción, «vamos a pedir la dimisión de la alcaldesa, a la vez que exigimos a César Rico -como presidente del PP burgalés que es aparte de presidir la Diputación-, que vigile un poco cómo hacen las cosas sus compañeros en este municipio, y les pida explicaciones».Desde el Consistorio, la alcaldesa insiste en que «yo estoy tranquila, pues no se trata de que estuviera mal cobrado sino mal hecha la fórmula, ya que derecho a percibir un sueldo por la labor que realizamos lo tenemos». Pero al desconocer cómo hacerlo de forma correcta, «preguntamos a la gestoría y es cuando nos hizo estos contratos, siendo éste el fallo pues el inspector nos dice que eran necesarios».Por ello, González insiste en que una vez subsanado el error detallado por la Inspección de Trabajo, se hallan ahora en el paso de consultar al servicio jurídico de la Diputación y otros ayuntamientos, para saber cómo se realiza este trámite en otros ayuntamientos».