Trabajo confirma las carencias de seguridad en las obras de vías públicas

La Diputación tiene la «obligación» de contratar a un coordinador de seguridad antes de que se reinicien las actuaciones previstas para la conservación de caminos de titularidad municipal. Así lo entiende la Inspección de Trabajo después de analizar la denuncia presentada por el presidente de la Junta de Personal, Luis Pérez, al considerar que se «incumplían una serie de cuestiones» que denotaban la falta de medidas para la prevención de riesgos laborales por parte de la actual adjudicataria. A partir de entonces, se vio envuelto en un conflicto con el secretario general, a base de informes y contrainformes, dada su negativa a prorrogar el contrato hasta enero de 2018.Pues bien, después de citar el pasado 6 de septiembre a los representantes de la Institución Provincial y estudiar la documentación aportada, el organismo público ha dado la razón a Pérez amparándose en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Además, el inspector de Trabajo encargado de resolver la denuncia recuerda la obligatoriedad de contar con un profesional cualificado cuando en la ejecución de una obra intervenga «más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos», tal y como establece la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.Sobre este punto, precisamente, Pérez también formuló sus alegatos contra la ampliación del contrato por un periodo de seis meses. Como ya explicó a principios de mes, la empresa adjudicataria «no avisó» de que había contratado a un trabajador por cuenta propia. Pero no fue la única irregularidad que detectó en un procedimiento que a su juicio estaba plagado de «incumplimientos contractuales». Los reflejó en un informe «desfavorable» que argumentaba la laxitud en los trabajos de señalización -por falta de personal cualificado o dejadez por parte de los ayuntamientos-, el escaso aprovechamiento de las motoniveladoras -sobre todo en agosto, cuando «se pueden aprovechar más»- o la infracción de la ordenanza reguladora del servicio porque «las máquinas tienen que estar conducidas por personal de la Diputación».No faltaba mucho para que el contrato expirase y el también jefe del Servicio de Agricultura y Medio Ambiente del Ente Provincial consiguió que se contratase a un coordinador de seguridad con el visto bueno, en forma de rúbrica, de la secretaria accidental y del presidente de la Diputación, César Rico. Lo primero que hizo el técnico, nada más incorporarse al puesto, fue redactar un «informe de gestión preventiva de las obras» con el fin de evaluar los posibles «riesgos» que el contratista no estaba asumiendo.Por aquel entonces, con la prórroga paralizada y el coordinador en plantilla, el jefe del Servicio de Agricultura confiaba en que se resolviesen los apartados que había considerado dignos de revisión. Sin embargo, a punto de finalizar el contrato vigente, el secretario remitió un informe que no solo avalaba la prórroga, sino que además contradecía los irregularidades recogidas en el informe de Pérez porque «no son cuestiones propiamente vinculadas al grado de cumplimiento del mismo». Asimismo, el escrito también remarcaba que los trabajos se ejecutaron «a satisfacción de las entidades locales solicitantes» mientras que el pago de las facturas correspondientes a julio y agosto de 2016 «habían sido retenidas hasta ese momento sin justificación alguna por la dirección del contrato».Era Pérez quien ostentaba ese cargo y el secretario, con este informe, propició su salida. No obstante, lo que más le dolió fue que se le acusara de «haber gastado dinero y contratar innecesariamente a un coordinador». Pero no le quedó más remedio que aceptar la nueva situación y aguardar la valoración de su sustituto, quien mantuvo «el mismo criterio» cuando «se encontró con el percal».A finales de agosto, uno de sus compañeros puso los hechos en conocimiento de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Castilla y León, que remitió un informe ratificando la necesidad de contratar un coordinador. Dicha notificación, la Inspección de Trabajo y el apoyo del comité de empresa eran las únicas bazas con las que podían contar. «Lo triste es que hayamos tenido que pedir amparo fuera de la Diputación», lamentaba ayer Pérez a pesar de su satisfacción porque «en este caso se ha impuesto la razón».Ahora bien, tampoco descarta solicitar, «aunque sea por escrito», algún tipo de «resarcimiento» o disculpa por las acusaciones de gasto innecesario de fondos públicos que se han vertido contra él. En este sentido, también responsabiliza a la Comisión de Contratación, que «aprobó por unanimidad la prórroga».