El RAP advierte de la delicada situación de la Policía Local

Lo llevan advirtiendo tiempo pero el plazo se acorta. Si el 18 de octubre se aprueba el decreto nacional que permitirá a los agentes de la Policía Local jubilarse a los 59 o 60 años, Aranda de Duero perderá a nueve profesionales de una plantilla que de por sí está incompleta. «Según el ratio que fija el número de agentes que debería tener una ciudad como Aranda, a día de hoy faltan veinte efectivos», apremiaba ayer el concejal de Renovación Arandina Progresista (RAP), Sergio Ortega, visiblemente preocupado porque «si se aprueba el decreto, Aranda tendrá un déficit de 30 policías locales».La falta de efectivos, continuó, se observa en el día a día. «Si no se atienden muchas de las demandas es porque no hay agentes». Y es que con un inspector, un oficial «que está de baja», un agente en el turno de mañana y otro en el de tarde; un instructor de denuncias de tráfico y 29 agentes de calle repartidos en cinco turnos -de los «que uno no realiza servicio uniformado ni de calle»-, el servicio nocturno se limita a cuatro personas. «Si uno se queda para coger el teléfono, nos queda una pareja y uno que tiene que ir de halcón solitario porque no quieren pagar extras».Acuden a los medios de comunicación hartos de que el concejal responsable del área, Máximo López Vilaboa, no reaccione. «Él se escuda en que se van a aprobar cuatro plazas pero que no olvide que cuando los nuevos agentes entren por esa puerta de la comisaría, van a ver que no tienen botas, ni vestuario…», lamentó convencido de que aunque es lógico que los nuevos agentes prefieran un destino más cercano a sus familias, si Aranda tuviese unas condiciones dignas para desempeñar el trabajo «para el que se han preparado», las cosas serían distintas. «Es frustrante», denunció porque, desde que él estuvo de concejal de Seguridad Ciudadana, en 2007, poco ha cambiado. «Siguen con los mismos coches, las mismas pistolas, las mismas cámaras fotográficas... Es tremendo que tengan que suplicar unas botas», zanjó.Consciente de la precariedad laboral de este servicio, el RAP hace público el apoyo a unos trabajadores que desempeñan un papel fundamental en la seguridad de los ciudadanos. «No hay que olvidar que estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista», advirtió a sabiendas de que ante la falta de medios intermedios, el más veterano del turno es el que toma las decisiones, aunque no siempre este preparado para ello. Algunas veces, como se pudo comprobar durante la celebración de las fiestas patronales de la ciudad, la decisión entre preservar la seguridad en la Bajada de las Peñas o en los fuegos artificiales la tuvo que tomar la alcaldesa. «Es vergonzoso», reprochó.Capítulo aparte merece, en su opinión, la actitud del jefe de Policía de Aranda porque «no coge el teléfono los fines de semana». Además, el edil del RAP le recriminó que pusiera en riesgo a los trabajadores del servicio de la ORA por no avisar a tiempo de que el contrato terminaba sin posibilidad de prórroga y que todavía no ha redactado el listado de carencias de su departamento.

«No se puede permitir», reprochaba Ortega con la esperanza de que, esta vez sí, el equipo de Gobierno de Raquel González, mueva ficha y le expediente. «Lo hemos pedido en comisiones y en plenos», recordó.Por todo ello, en las negociaciones que el PP ha abierto para sacar adelante los presupuestos de 2018, el RAP advirtió que «la Policía será prioridad». «Es una cuestión de seguridad y de dignidad en el trabajo», concluyó su compañero de filas Eusebio Martín.