El Correo de Burgos

BUREBA

Europistas aboga por relicitar la AP-1 a 40 años sin quitar el peaje

Incluye la alternativa de desvío obligatorio de camiones y un peaje más bonificado a los usuarios del corredor Burgos-Miranda, y ampliar su capacidad donde solo existen dos carriles

La autopista AP-1 cuenta con tercer carril en los puntos más complicados, como por ejemplo los túneles de Pancorbo.-G. G.

La autopista AP-1 cuenta con tercer carril en los puntos más complicados, como por ejemplo los túneles de Pancorbo.-G. G.

Publicado por
GERARDO GONZÁLEZ
Burgos

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La proximidad del fin del contrato de concesión por el Estado de la autopista AP-1, para su construcción y explotación mediante pago de peaje, y ser la primera en España donde se da esta circunstancia, le ha otorgado un papel destacado. Hasta el momento se conocía la posición del Ministerio de Fomento de no conceder nuevas prorrogas a la empresa concesionaria, así como la petición generalizada de que su uso sea gratuito a partir de diciembre de 2018.El pasado mes de julio el director general de AP-1 Europistas Concesionaria del Estado perteneciente al grupo Itínere, José César Canal, expresó en unas jornadas sobre el futuro de las infraestructuras, Organizado por Seopan y la UIMP, la posición de la empresa que gestiona la autopista. Canal, tras desarrollar el marco general del caso español y sus perspectivas de futuro, detalló la aplicación al caso de la AP-1 mejor vista por la empresa.Así, se mostró firme defensor de la relicitación de la infraestructura una vez finalizado el plazo de la actual concesión descartando el resto de las alternativas posibles, incluidas otras que también prevén el pago de peaje. En concreto, la propuesta base sobre la que consideran se debería realizar esta relicitación incluye que sea un «contrato de concesión por un máximo de 40 años», dado que el marco legislativo actual lo fija como el más extenso posible.Tras esta primera condición se detallan las condiciones asumibles por la empresa en caso de abrirse por el Estado esta posibilidad comenzando por «obras de ampliación de capacidad en la vía original». Ser el primer punto responde al perfecto conocimiento que, desde la concesionaria, se tiene sobre la imposibilidad de la actual traza de la AP-1 con dos carriles por sentido, de absorber sin comprometer la fluidez y seguridad vial derivado del aumento de tráfico, especialmente de pesados.Precisamente, en otro de los puntos se menciona especialmente el tráfico de camiones considerando la necesidad «de decidir si se incluye en la concesión y se tarifica o no la alternativa para vehículos de más de 3,5 toneladas alternativa de obligación a vehículos pesados por la autopista».Punto que queda relacionado directamente con la oferta de «adecuación de la infraestructura a la normativa vigente en sistemas de contención, trazado, etcétera». Así como las «obras adicionales vinculadas funcionalmente, accesos de carretera paralela», que abrirían la posibilidad de «ampliar las bonificaciones por habitualidad a los usuarios locales».La posibilidad de aplicar el popularmente conocido como ‘peaje blando’ a los usuarios burebanos de la AP-1 en caso de relicitación es actualmente muy poco efectiva, dado que solo se puede acceder desde Briviesca o Pancorbo, por lo que la medida tendría como objetivo «desactivar la presión de los núcleos de población ubicados en el corredor de la autopista». En la posible aplicación de una relicitación de la AP-1 en el futuro, la concesionaria considera fundamental una cuestión que también planea sobre el conjunto de autopistas y autovías españolas, como es la implantación de la conocida como ‘Euroviñeta’.Concretamente entiende que es «fundamental hacer compatible el principio de ‘recuperación de costes’ de la Directiva Euroviñeta con el ‘riesgo y ventura’ que establece la Ley de Concesiones», para la viabilidad financiera de la operación empresarial. Para Europistas, la decisión del Estado por la relicitación, a nivel general y en la AP-1 en particular, tiene, como principales ventajas, que «la empresa privada asume los riesgos de construcción, ingresos por tráfico, y financiación». Además de que «minimiza el impacto en presupuestos públicos y se orientan las decisiones de los usuarios al bien común».Estas ventajas son, obviamente, las que no estarían presentes en el caso también valorado de que se optara por la otra alternativa de pago de peaje posible, como es la asunción de la explotación por parte de una empresa pública de las autopistas que finalizan sus contratos con el Estado en los próximos años.De la exposición realizada por el director general de AP-1 Europistas Concesionaria del Estado en el foro técnico, al margen de la posición de la empresa, son destacables las actuaciones que, en el caso de la AP-1 a corto plazo, han de tomarse al margen del modelo que escoja el Estado.Entre ellas, la necesidad de ampliación de la capacidad de las autopistas, los refuerzos del firme para su adecuación al nuevo tráfico pesado, adaptación a la nueva normativa de las infraestructuras y mejora de la permeabilidad con nuevos enlaces. Las actuaciones se consideran necesarias en todos los posibles escenarios, bien sea el peaje en la sombra, gratuito al usuario, gestión pública o relicitación, ambas con pago por el usuario.Por ello se considera que se trata de una cuestión centrada principalmente en la economía sobre quién debe asumir el coste de las diferentes actuaciones, siendo la única ventaja, a juicio de la concesionaria, de su gratuidad «evitar la contestación social en el entorno de implantación de concesión».

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