El recurso sindical paraliza «sí o sí» las contrataciones municipales

Unos -los sindicatos UGT, USO y el policial SPPME-, insisten en la necesidad de paralizar la Oferta de Empleo Público aprobada por el Ayuntamiento de Aranda de Duero para los próximos dos años, hasta que la empresa encargada de realizar la valoración de puestos de trabajo y la manida reestructuración municipal termine su trabajo el próximo mes de noviembre. «No entendemos por qué tienen tanta prisa», afirma el presidente de la junta de personal funcionario, Javier Lozano, convencido de que no tiene sentido precipitarse y que luego las plazas no se ajusten a las necesidades del Consistorio. «Vamos a hacerlo pero vamos a hacerlo bien», argumentan molestos porque esta situación «se podría haber evitado si el equipo de gobierno hubiese actuado de una forma más diligente y con mayor interés».Por ello presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Según ellos, es un recurso parcial que solo afecta a 13 de las 23 plazas acordadas, dando vía libre a las tres plazas de bomberos, cuatro de policía local, un letrado urbanista y dos de las tres plazas de administrativos por promoción interna.«Entendemos que hay una urgencia», subrayan al aclarar que estas plazas, a diferencia de las otras, no están afectadas por la Ley Montoro, «porque son plazas de reposición al cien por cien y legalmente pueden salir. Todos sabemos la necesidad de personal que tienen bomberos y policías, tienen que sacarlas», apremia Enrique Fernández.Sin embargo, la postura del equipo de Gobierno de Raquel González es firme: no asumirá el riesgo de sacar una Oferta de Empleo Público que luego un juez puede declarar «no legal». Afirman que «si se diese el caso, los policías y todas las que saquemos se tendrán que ir a su casa y presentarse a la nueva oferta de empleo, con las correspondientes indemnizaciones y la inseguridad judicial que se genera», zanja el edil de Personal, Emilio Berzosa, quien deja claro que todos los puestos van en una sola propuesta. «Aunque unas contrataciones vayan por recurso de reposición, al formar parte de la misma Oferta de Empleo Público, una resolución judicial negativa sería determinante para los 23 trabajadores por lo que se paraliza sí o sí».Tampoco tiene sentido, en su opinión, el planteamiento sindical de esperar a que termine el trabajo la empresa Rodríguez Viñals. «El informe jurídico sobre el que hemos sustentado esta oferta de empleo público lo ha realizado el propio Viñals y está hilado con su trabajo», asegura el edil del PP.En cuanto a la propuesta de la junta de personal funcionario de ajustar la nueva oferta a las necesidades reales del Ayuntamiento, Berzosa, responde. «Está es la oferta máxima que se puede sacar a día de hoy según el informe jurídico».CarenciasEsta parálisis afectará al funcionamiento de un Ayuntamiento que a día de hoy tiene muchas carencias. «Por poner algunos ejemplos, la técnica de contratación, por la que pasan todos los contratos está de vacaciones y ya no vuelve porque se jubila en enero. En diciembre además se jubila el técnico de Obras Públicas y si no se contrata un interino, el Servicio de Aguas quedará en un aprieto», advierte Berzosa, con la mirada puesta en el arquitecto de Obras que se jubila también en febrero. «Lo que nos están pidiendo es que dejemos cojos a las áreas Contratación y Secretaría -los servicios generales del Ayuntamiento-»,reprocha con la esperanza de que los sindicatos denunciantes abandonen la causa y retiren el recurso.Un argumento que comparte el otro sindicato que forma la junta de personal funcionario, CCOO, que se desmarca del resto de sindicatos al defender la necesidad de una oferta de empleo público extraordinaria que cubra las necesidades de los ciudadanos y trabajadores. «El borrador de acuerdo regulador entendemos está por debajo de las necesidades reales, económicos y sociales que necesitamos. Por todo esto nos desmarcamos de esta línea de trabajo que no le vemos sentido y no beneficia ni a los empleados públicos ni a los servicios públicos», señalan.El enfrentamiento entre el concejal de Personal y los sindicatos UGT, USO y SSPME se extiende al convenio que se lleva negociando nueve años y que tras pasar dos veces por el pleno y quedar sobre la mesa, lleva un año esperando un informe de la secretaria «que no llega. No dan ninguna explicación», lamentan mientras culpan a Emilio Berzosa, quien cuando asumió la responsabilidad en 2001 «dijo que lo iba a solucionar». Han pasado tres años y seguimos en las mismas. No podemos estar eternamente esperando un informe de la secretaria», reprochaba el presidente de la junta de personal funcionario, Javier Lozano.