Sindicatos contra una RPT que «crea jefes y ‘medios’ empleos»

Cuatro de los cinco sindicatos con presencia entre la plantilla de la Diputación mostraron ayer su total oposición con la nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo) que prevé aprobar la Institución, y que les fue presentada durante la reunión de la última mesa de negociación convocada el pasado 25 de octubre. «En primer lugar, por la total ausencia de informes que avalen o justifiquen los muchos cambios que recoge, lo que la envuelve en una total opacidad», explican sus respectivos representantes.«Además de incluir condiciones que remarcan aún más la precariedad de los empleos que llevamos años denunciando», añaden, al crear plazas «a media jornada -en lugar de consolidar jornadas completas en puestos verdaderamente necesarios-, «o incluir nuevas e innecesarias jefaturas de servicios sólo para colocar a hijos y familiares con nombres y apellidos, fomentando así las oligarquía y diferencias entre trabajadores», añaden.Hechos que junto al de justificar seguir adelante con dicha RPT porque la apoya un único sindicato, «creemos que hacen de todo este proceso una tramitación de dudosa legalidad, por lo que en cuanto se apruebe estudiaremos llevarla ante la Fiscalía».Así lo aseguraron ayer Pedro Antonio Delgado, delegado del CSIF en la Diputación; María Jesús Prieto y Natalia López Molina (ambas de UGT), y Luis Pérez (representante de CCOO y presidente de la junta de personal en la Institución Provincial)-, durante la rueda de prensa conjunta que ofrecieron para explicar el porqué de su negativa a aceptar esta RPT, «que consideramos nada transparente».Cita en la que no pudieron estar representantes del sindicato Uscal -también contrario al documento de la nueva RPT-. Y en la que se recordó que este documento presentado por el portavoz de la Diputación, Borja Suárez, en la reunión de la mesa de negociación del pasado día 25, «sólo fue apoyado por el quinto sindicato con presencia entre los trabajadores de la Institución, SOI (Sindicato Obrero Independiente)», detallaron.Reunión en la que, como reprocharon todos ellos, «no hubo nada de negociación, pues venían con una pauta que debíamos aceptar sin preguntar», reprochan. Por ello, lamentan que se perdiera así una gran oportunidad para renovar la última RPT que databa de 2012. «Condiciones obsoletas las de ésta a las que se sumaron los recortes y restricciones a los empleados públicos llevados a cabo durante los años má duros de la crisis».Confiesan que tenían la esperanza de que se aprovechara esa reunión «para negociar cómo actualizar la precaria situación de muchos de los trabajadores de la casa». Corregir así la «existencia de muchos puestos de trabajo por tercios de jornada y medias jornadas, que cobran sueldos de apenas 600 euros mensuales, gran parte de ellos en área de servicios sociales, que son los que cuentan con más usuarios».Criticaron, por ello, que en el contenido presentado ese día por el portavoz provincial se incluyera, por ejemplo, la creación de nuevos puestos de alto rango «de los que sí se dice que cobrarán complementos salariales que ni siquiera se detallan -en verdad ‘cheques en blanco’-, mientras que a más de 200 trabajadores se les reconoce una subida salarial del 2%, unos 5 euros al mes».Subida que como han calculado «a la Diputación le supondrá 22.000 euros al año, frente al millón de euros que prevé ahorrarse con las muchas medidas que incluyen en la RPT», reprochan los representantes de los trabajadores. Entre ellas, detallaron la amortización «de puestos esenciales» como son aquéllos de control de la actuación de las empresas contratadas para los diferentes trabajos. «Desaparecen así algunas de las personas que velan para que se cumplan los contratos y evitar que se tire el dinero público».A lo que se suma el desconocimiento de los criterios de promoción interna -«ya que asciende gente sin experiencia mientras a otros con años realizando un gran trabajo, ni siquiera se les da acceso al concurso de traslados que les permita seguir trabajando pero más cerca de casa», aseveraron. Hecho que lleva a muchos a rechazar estas plazas pues los 600 euros de sueldo ya los gastan en ir y venir a Oña, por ejemplo», comentaron.«Una serie de despropósitos», a la que sumaron su malestar por la intención provincial de gastar 200.000 euros en contratar una empresa externa que haga un informe sobre la realidad laboral de la Institución, «cuando se podría hacer de forma interna por parte de un técnico».