La Plataforma de la N-I inicia la «cuenta atrás» para la liberalización de la AP-1

La Plataforma de Vecinos Afectados por la N-I no solo permanece atenta a cualquier novedad relativa al futuro de la AP-1, siempre en torno a las decisiones políticas. También pasa a la acción cuando la situación a su juicio lo requiere. Prueba de ello es su próxima movilización, que tendrá lugar el sábado 2 de diciembre en el punto kilométrico 268, en el acceso sur de Briviesca, con el objetivo de reivindicar el fin de la concesión vigente y la liberalización definitiva de la autopista a partir del 1 de diciembre de 2018. Para ello, al igual que en anteriores ocasiones, los manifestantes cortarán la carretera. En esta ocasión, eso sí, representarán una simbólica «cuenta atrás».La plataforma vuelve a reiterar la necesidad de que la autopista sea «libre y gratuita para todos los vehículos» una vez que el Estado asuma las riendas de su gestión. En lo que respecta al motivo de la concentración, obedece básicamente a «a coincidencia con la falta de un año para el fin de la concesión de la autopista de peaje AP-1».De igual manera, y «a pesar de las medidas recientemente anunciadas», los responsables de la agrupación ciudadana lamentaron que se tenga que llamar nuevamente la atención sobre la «falta de seguridad» en la carretera N-I, sobre todo en el tramo que discurre entre Burgos y Miranda de Ebro. Asimismo, según recoge la agencia Ical, también reclamar una vez más «la urgente toma de medidas para disminuir la excesiva intensidad de tráfico que soporta, especialmente de vehículos pesados, implicados en la mayoría de los accidentes con víctimas mortales de esta carretera, dado que más de la mitad de la circulación es de este tipo de vehículos».En su opinión, el acuerdo alcanzado entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento para desviar tráfico a la AP-1 «no tiene fecha de aplicación prevista». Además, consideran que el citado convenio «no solo afectará únicamente a los vehículos pesados de tipo II, sino que alcanzará el 75% del importe del peaje, lo que obligará a los transportistas a sufragar obligatoriamente» el coste de sus trayectos.Sobre el 25% restante, los integrantes de la plataforma subrayaron que se trata de una medida «totalmente injusta», máxime cuando la empresa concesionaria «no parece aportar nada a un acuerdo que puede suponer un importante incremento de facturación para su negocio». Al mismo tiempo, entienden que esta fórmula conllevará una «pérdida de negocio importante para los negocios instalados en ubicaciones alejadas de los actuales accesos de la autopista y dificultará a los transportistas el cumplimiento de sus obligatorios descansos en condiciones adecuadas, afectando negativamente al desarrollo del área rural que circunda todo el trayecto».En este sentido, con el tic tac de la cuenta atrás resonando con mayor fuerza según pasan los días, el colectivo vecinal encabezado por Rafael Solaguren reprocha con dureza la actitud del Ministerio de Fomento, ya que en su opinión «parece ni plantearse la realización de nuevos accesos, ampliación de carriles ni cualquier otro tipo de actuación en la autopista, las cuales nosotros consideramos totalmente imprescindibles».