La alcaldesa pide a la ciudadanía apoyo contra el botellón

Si el lunes la alcaldesa, Raquel González, adelantaba que se había alcanzado un acuerdo con la asociación local de músicos de Aranda para organizar una jornada de conciertos con la que evitar el tradicional macrobotellón del 22 de diciembre, el último paso tiene forma de bando municipal. La regidora hace un llamamiento a la ciudadanía a sabiendas de que por muchas medidas que ponga el Ayuntamiento, la concienciación depende de todos. «En el ámbito de la familia, los centros educativos y la administración es en donde se deben afrontar estos problemas para buscar una mejor solución», argumenta mientras recuerda las muchas molestias que genera el botellón como suciedad, orines, ruidos, pintadas, alteración del orden público, deterioro del mobiliario urbano, dificultades de tránsito de personas y vehículos y en definitiva, y la más importante, la falta de descanso de los vecinos.Por ello, el Ayuntamiento llama la atención a los propietarios de esos establecimientos que contribuyen al problema con ofertas en el precio de las consumiciones o celebrando fiestas especiales. Al mismo tiempo, insta al jefe de la Policía Local a velar por el buen uso de los nuevos urinarios que se van a colocar y sancionar a los que incumplan con multas que van desde los 200 euros a los 750. «Hay algunos ciudadanos que no tienen conciencia clara de que convivir significa tener respeto a la ciudad y a quienes viven en ella, siendo notoria su falta de educación cívica», reprocha.Bajo esta perspectiva, insiste en la importancia de que las fuerzas de orden público hagan cumplir la normativa vigente sobre el consumo de las bebidas alcohólicas por parte de los menores «y la vigilancia de la venta de bebidas para que no sean consumidas fuera del establecimiento o del espacio autorizado de terrazas, denunciando a los establecimientos que se las procuran», concluye convencida de que frente al botellón «se produce una opinión generalizada y un posicionamiento por parte de la ciudadanía que reclama un endurecimiento de las normas y su obligado cumplimiento y tiende a culpar de la situación a las autoridades municipales por no poner los medios necesarios para que esto no ocurra o por no hacer cumplir las normas establecidas en las ordenanzas municipales».