El Santos Reyes se consolida entre los centros más activos de la región

Comenzó a funcionar a mediados del siglo XVI, en los terrenos donados por el obispo Acosta, y hoy se consolida como uno de los centros sanitarios más activos de Castilla y León. Así se observa en el balance de 2017 al que ha tenido acceso este periódico. En intervenciones quirúrgicas, el hospital ha hecho un nuevo esfuerzo con un crecimiento del 4%, al pasar de las 10.467 contabilizadas en 2016 a 10.962 en 2017. Como consecuencia de este dato, la lista de espera de intervenciones ha descendido de 727 a 623 (lo que supone una reducción del 14%) así como la espera media que baja de 61 días a 50. Bajo esta perspectiva, Aranda de Duero se sitúa en el tercer puesto del Sacyl en porcentaje de reducción de lista de espera quirúrgica.Los buenos datos se extienden a las consultas atendidas donde se ha experimentado un crecimiento del 2% al pasar de 85.796 en 2016 a 88.097 en 2017. En cuanto a la lista de espera en consultas, se ha reducido un 34% (al bajar de 1.444 en 2016 a 942) y la demora media en consultas se ha recortado en 21 días (al pasar de 56 a 35 días).Es el resumen de la gestión de un hospital que en 2017 afrontó además un problema añadido: la falta de espacio derivada de las obras realizadas en la unidad de Oncología. Desde su clausura temporal en el mes de septiembre, el servicio obligó a retirar las ocho camas que hasta entonces estaban en la Unidad de Cirugía sin Ingreso, para dar cabida a los pacientes oncológicos. La reapertura de este departamento que comenzó en 2009 con 300 tratamientos y que hoy, nueve años después, atiende 1.700 está prevista para el próximo 5 de febrero.Aunque sin duda, los pacientes de esta unidad ganarán en metros y en confortabilidad, la falta de espacio sigue siendo la principal barrera de crecimiento del hospital Santos Reyes.PlenoEn el plano administrativo, y ocho años después de que el Ayuntamiento de Aranda accediera a materializar el trámite, el pleno dio ayer luz verde a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para los terrenos del nuevo hospital; un requisito básico para su construcción. Se trata de una aprobación provisional, ya que, la definitiva depende de la Junta. Un dato que no pasó desapercibido para una oposición que respaldó la medida por unanimidad pero con muchos ‘peros’.Y es que, todos coincidieron, el Ayuntamiento no tenía por qué haber asumido un trámite que compete a la administración regional. «Cuando a la Junta le interesa hacer caja se salta todos los procedimientos pero en este tema no tiene ningún interés», reprocha el concejal de Renovación Arandina Progresista (RAP), Eusebio Martín, convencido de que tanto Demarcación de Carreteras como la propia Junta han aprovechado la necesidad de Aranda «para sacar tajada, el primero para exigirnos recepcionar viales, y el otro para que le incrementásemos la edificabilidad al máximo», asegura. «Lo demás les importa pepino y medio».Pese a los intentos del portavoz del equipo de gobierno, Emilio Berzosa, que justificaba la alegación presentada por la Junta asegurando que la ampliación del índice de edificabilidad solicitado no solo está dentro de lo que permite la ley, sino que además tiene como objeto ampliar el número de viviendas de protección oficial, la oposición criticó con dureza lo que califican una exigencia. «No teníamos que haber aceptado este chantaje», censura el concejal de IU-Equo, José Manuel Ballesta.Y aunque la tramitación municipal ha terminado, todavía hay muchas cuestiones por resolver antes de que se edifique el nuevo hospital. «Veremos qué ocurre con la urbanización de la parcela, una de las claves imprescindibles», advierte la portavoz del grupo socialista, Mar Alcalde, con la sospecha de que la Junta «pretenda endosársela al Ayuntamiento cuando es responsabilidad única y exclusiva del ejecutivo regional». «Eso por no hablar de las graves deficiencias del plan funcional», subraya.Para UPyD, es preciso que la Junta demuestre la voluntad que ha faltado hasta ahora, para acometer un proyecto que debía estar terminado en 2017. «Creo que nos están tomando el pelo», lamenta. «Esperemos que la Junta cumpla sus compromisos y aplique las partidas», añade el concejal de Ciudadanos, Francisco Martín Hontoria, quien aprovecha la ocasión para animar a la ciudadanía a acudir a la manifestación programada en Valladolid mañana sábado.Dicho esto, Sí se Puede entona el ‘mea culpa’ al recordar que si bien no es competencia de la administración local, el Ayuntamiento asumió el compromiso en 2010. «Dijimos que sí, y ahí quedó pendiente durante uno, dos y hasta cuatro años», reprocha el concejal Mario Martín Veganzones.