El TSJ tumba las aspiraciones del sector Arroyo de la Nava

Catorce meses después de que el Pleno denegase la aprobación provisional de la modificación puntual del PGOU relativa al sector S-3 Arroyo de la Nava, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) da la razón al Ayuntamiento de Aranda de Duero al respaldar la calificación rústica. De esta forma, las 45 viviendas por hectárea a las que aspiraban los propietarios mermarán de forma considerable hasta las 15 viviendas por hectárea.A la hora de argumentar la sentencia, el tribunal entiende que la medida aprobada por el Ayuntamiento se enmarca dentro de una planificación urbanística que aboga por compactar la ciudad en un futuro. Por el contrario, desestima el recurso al considerar que no está lo suficientemente justificado y que falta documentación como certificaciones catastrales, un informe hidrológico y un mapa de ruido.También es contrario -recuerda- el informe de ADIF. El TSJ impone además las costas procesales causadas por el recurso a la parte recurrente aunque el dictamen es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo o ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).Pese a que el recurso denegado partía de un particular afectado, Ángel Prieto, la medida afecta a los 80 propietarios y promotores. Termina así un nuevo capítulo de esta batalla judicial que empezó hace varios años cuando una sentencia les dio la razón fallando a favor de las 45 viviendas por hectárea, al entender que se había producido un defecto de forma en el procedimiento.Decididos a reivindicar lo que consideran de justicia, los dueños del sector S-3 Arroyo de la Nava volvieron a los tribunales en 2017, convencidos de que la zona debe mantener la consideración de suelo urbanizable de uso residencial que tenía en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2000, así como conservar la edificabilidad de 45 viviendas por hectárea. «Ahora dicen que no es urbanizable y que tiene que ser rústico cuando tenemos saneamientos, agua, luz... todo para poder edificar», defendía hace unos meses en este periódico, Ángel Prieto.En su opinión, el Ayuntamiento está ocasionándoles un claro quebranto al dirigir el desarrollo urbanístico de la ciudad a las Eras de Santa Catalina, de San Gil o la zona de la Virgen de las Viñas (en las inmediaciones del supermercado Simply), «a pesar de no cumplir los requisitos exigidos», como no tener accesos o tener demasiado cerca una actividad nociva como una fábrica. Por ello no descartan impugnar el nuevo PGOU si se mantiene la rusticidad.Al margen del plano judicial, la tensión entre los propietarios y el Ayuntamiento ha sido más que evidente. En el Pleno en el que en 2016 la corporación echó por tierra las pretensiones del Sector S-3 Arroyo de la Nava, algunos concejales insistieron en la necesidad de estudiar las presiones que los ediles habían recibido por parte de la plataforma de propietarios.Se referían a escritos en los que se amenazaba a los corporativos con reclamarles en la vía judicial daños y perjuicios y que según advirtió el portavoz de Renovación Arandina Progresista (RAP), Eusebio Martín, eran claras coacciones.