El Correo de Burgos

PRESUPUESTOS DEL ESTADO / VALORACIONES

PP y PSOE cargan contra Seopan por su defensa del peaje de la AP-1

Mateu avanza que la bonificación del 75% «empezará en verano»

La liberalización de la autopista queda otra vez, en el aire.-ECB

La liberalización de la autopista queda otra vez, en el aire.-ECB

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N.E. / V.M. / M.M.
Burgos

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La declaraciones de la patronal de las grandes constructoras y concesionarias (Seopan) que defendían este miércoles el mantenimiento del peaje de la autopista AP-1 más allá del fin de la actual concesión, que termina en noviembre de este año, han levantado ampollas entre los representantes públicos del Partido Popular y PSOE.Los diputados nacionales Jaime Mateu (PP), y Esther Peña (PSOE), la portavoz del Gobierno regional, Milagros Marcos (PP), y la del Ayuntamiento, Carolina Blasco (PP) han rechazado los argumentos de Seopan que advierten de que la liberalización supondría un «colapso» de la AP-1 que pasaría a tener una intensidad media diaria de 27.000 vehículos diarios, frente a los 20.000 actuales.La patronal indicó también que una parte muy significativa del tráfico de la autopista es de vehículos extranjeros que, en su opinión, sí deben pagar peajes tanto en Francia como en Portugal y, por ello, insta a que lo sigan haciendo también a su paso por España.Marcos aseguró que la apuesta del Gobierno de la Comunidad, en la que trabaja, es la liberalización de las autopistas cuando finalice su concesión. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera portavoz, Milagros Marcos, no compartió los argumentos de Seopan y, en concreto, el apartado que se refiere a los vehículos extranjeros, donde manifestó que si no pagan peaje dejan un dinero en el turismo. «No se puede valorar así», concluyó, en las declaraciones que recoge Ical. La portavoz insistió en que la apuesta de la Junta es la liberalización de las autopistas cuando finalicen las concesiones administrativas y recordó que la Consejería de Fomento trabaja con el ministerio del ramo en el acuerdo para la supresión del peaje en la AP-1. Precisamente, las Cortes de Castilla y León aprobaron también una proposición no de ley con el mismo contenido.Desde el grupo popular en el Ayuntamiento de Burgos, la concejal Carolina Blasco, manifestó que las declaraciones de esta patronal son «desacertadas».«Entendemos que Seopan defienda el interés particular de las empresas que agrupa, muchas concesionarias de autopistas, pero desde el punto de vista del PP tenemos que velar por el interés general que es que no se prorrogue la concesión». Así, según precisó la edil, «el PP no entiende otro escenario que no sea a partir del próximo 30 de noviembre que la AP-1 esté totalmente liberalizada».Por su parte, Mateu avanzó que actualmente «queda pendiente el informe de la concesionaria, posteriormente será el turno del Ministerio de Hacienda y finalmente el Consejo de Ministros deberá realizar la autorización». La previsión del popular es que este proceso de bonificación arranque «en verano».En este sentido, el proyecto de presupuesto cuenta con «una partida general de 45 millones de euros para el desarrollo de ayudas a la bonificación y abaratamiento del coste del transporte», dentro de la cual «hay una cuantía de 1,8 millones de euros destinada a la bonificación del concepto del 75% en el tránsito de vehículos pesados de categoría 2 en la AP-1, en el tramo que discurre entre la capital burgalesa y Armiñón».Por otra parte, el diputado popular avanzó que «el Gobierno central sigue trabajando para determinar cual será la futura gestión de la autopista» y aseveró que «el deseo de los parlamentarios del PP es que la vía se integre en la Red General de Carreteras».Por otra parte, desde el PSOE burgalés, la diputada nacional Esther Peña criticó que el Gobierno Central «parezca seguir lo marcado por la patronal en su informe», ya que no sólo no prevé la liberalización en breve, «sino que ni la incluye entre las valoraciones de bonificaciones futuras, con lo que nos suena más a un período transitorio de cara a una nueva concesión». Hecho que «supondría actuar contra el parecer de los ciudadanos -que con sus manifestaciones han dejado claro su deseo de liberalizar-; y contra el acuerdo unánime alcanzado el pasado año en el Congreso por todos los grupos políticos a favor de su liberalización», recordó Peña.

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