Eximen a la IGP de pagar al Ayuntamiento 57.000 euros de ayudas

Una de cal y una de arena. Así se puede resumir la sentencia judicial que termina con el enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Aranda de Duero y la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del Lechazo de Castilla y León tras su marcha de la capital ribereña sin previo aviso. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos da la razón al Consistorio al entender que hizo bien al retirar la ayuda correspondiente al último año de estancia en la ciudad al entender que no procedía porque no había participado en las Jornadas del Lechazo Asado. Sin embargo, también advierte que la Corporación no puede reclamar las subvenciones concedidas con anterioridad. En concreto, los 57.000 euros que el Ayuntamiento pedía al Consejo Regulador de la IGP por los tres últimos años de ayudas. «El juez considera que no se puede demostrar que en ese tiempo, la IGP no cumpliera con los parámetros estipulados en el convenio», explicó la alcaldesa, Raquel González.El auto no impone el pago de costas a ninguna de las partes. Además la Junta de Portavoces ha acordado no recurrir. Cabe recordar que la IGPdel Lechazo de Castilla y León anunció su marcha de manera sorpresiva en junio de 2014, en plena celebración de las Edades del Hombre. Su marcha a Zamora era irrevocable y así fue, tal y como aseguraron sus responsables. Una semana después del anuncio, la mudanza se llevó a cabo ante el estupor de representantes municipales, empresarios y hosteleros arandinos.Caso ProincoveTambién dentro del ámbito judicial, el Ayuntamiento de Aranda ha decidido personarse en el proceso que investiga el caso Proincove. Según se acordó durante la última Junta de Portavoces, los servicios jurídicos municipales analizarán las diferentes opciones para que la Corporación pueda conocer de primera mano todos los avances de la instrucción.El Consistorio adopta esta decisión dos días antes de que hoy declare como imputado, el empresario dueño de la constructora a la que el Ayuntamiento ha abonado un total de siete millones de euros en concepto de compensación por la ocupación irregular de un terreno de su propiedad en el margen izquierdo del río Arandilla, en el barrio de Santa Catalina.El Juzgado Número 1 de Aranda de Duero deberá decidir ahora si en este expediente urbanístico que llevó a la Fiscalía el grupo municipal de Sí se Puede se incurrió en algún tipo de delito de información privilegiada, tráfico de influencias e incluso prevaricación. También habrá que ver si la jueza imputa a más personas en el caso. En este sentido, hay que recordar que el tribunal tiene la intención de llamar a todos los concejales que han asumido la responsabilidad de Urbanismo desde que se abrió este expediente en el año 1999 hasta su entrada en la vía judicial en 2012.No es la primera vez que este expediente llega a la Fiscalía. La primera en llevarlo fue la concejala socialista, Mar Chamorro -actualmente al margen de la política- en 2012. Aunque presentó el expediente para disipar dudas y salvaguardar su imagen ante quienes la cuestionaban por esta casada con el abogado del empresario -y exsocio del entonces alcalde, Luis Briones-, la Fiscalía archivó la causa al considerar que, ante 1.000 folios de expediente, se requería un análisis previo con las dudas a investigar. Y así lo hizo años después Sí se Puede, con un informe de seis páginas en el que se aludía tanto a políticos como a técnicos. De momento, ya se ha pagado el 65% de la deuda.