Los obreros confirman que el muro «comenzó a hacerse ya en agosto»

La ampliación del cementerio de Las Machorras -dependiente del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros-sigue de actualidad tras celebrarse ayer en la Audiencia de Burgos la segunda jornada del juicio donde se juzga al alcalde de la pedanía, Roberto Ortiz; el exacalde espinosiego José Carlos Peña, y los concejales del Consistorio de Espinosa, Jean Paul Sánchez y Luis Román, y al arquitecto municipal, Restituto Ortiz.Si bien el martes declararon todos ellos, ayer lo hicieron los denunciantes, los dos concejales del PP del Consistorio de Espinosa, Pilar Martínez y Juanjo Angulo, que recordaron cómo a principios de agosto de 2013 preguntaron en el Ayuntamiento «qué se estaba haciendo en el cementerio tras ver todo el pueblo en las fiestas -en torno al 5 de agosto-, que allí se estaba construyendo algo».Tras decirles la secretaria que no constaba ninguna obra, «aprovechamos el turno de ‘Ruegos y preguntas’ del Pleno del 27 de agosto para preguntar al alcalde, ante lo que Peña dijo no saber nada, y fue Roberto (el alcalde pedáneo y concejal espinosiego) quien dijo que se iba a ampliar el cementerio, y que el expediente correspondiente no estaba aún pero que ya lo harían», declaró Martínez.De ahí que decidieran presentar un escrito solicitando dicho expediente, y en caso de no estar, exigiendo parar las obras. «La respuesta nos llegó el 8 de octubre asegurando que ‘no había obras’ y que ‘por ello no había que paralizar nada’, así que pensé que nos tomaban el pelo», confesó. De ahí que ella misma fuera allí a hacer fotos, «que al día siguiente enseñé al arquitecto reprochándole que me dijeran que ‘no había nada’, cuando podía verse en las fotos, y en la realidad desde la carretera, que estaban levantando un muro».Hecho que, sin embargo, no evitó que los trabajos siguieran, lo que motivó la denuncia de los populares en noviembre de 2013, siendo así el punto de origen del presente juicio, así como de otra cita judicial en enero de 2014 en Villarcayo, «tras la cual se pararon», coincidieron.Licencia necesaria... o noLos tres abogados de los 5 acusados incidieron entonces en «la necesidad o no» de contar con permisos para esa obra, «pues es habitual que las pedanías no pidan licencias», preguntaron a los denunciantes, poniendo como ejemplo los muchos depósitos de la zona. «Sí pasa, pues si no nos piden licencia nosotros no nos enteramos de que están haciendo obras, al no constar nada», reconocieron. «Pero sí se piden, al necesitarse para contratar con empresas, o para justificar las ayudas de la Junta o la Diputación», añadieron.Petición que en este caso consideraron esencial, «ya que la ley marca que se necesita un expediente específico para actuar en cementerios», detalló Angulo. «Y también al ser terreno rústico y no estar segregada la parcela -pues parte de ella era del propio edil pedáneo-, sobre lo cual la secretaria hizo un informe el 19 de septiembre, detallando que había cosas que corregir y que si no, debía pararse». Informe que si bien el martes todos los imputados aseguraron no haber visto ni que la secretaria les advirtiera de la posible ilegalidad, «imagino que ella llevaría a la Junta de Gobierno Local pues era el 23», fechó Martínez. «Donde sus 4 miembros -Peña, Ortiz, Sánchez y Román- rechazaron la paralización ‘porque no había obras y con ello nada que parar’, nos contestaron en octubre».Ayer declararon también los empleados que trabajaron en el lugar, así como el conductor de la excavadora que la pedanía pidió a Espinosa, Rafael Abad, quien aseguró haber visto al empezar a llevar piedra en agosto, «más de medio metro de muro», siendo «de más de 3 metros cuando comenzó a hormigonarse».El jefe de obra, el cantero-albañil Ángel Martínez explicó que a él se le pidió guiar los trabajos, para los que contó con tres ayudantes que fueron contratados, sucesivamente, un mes cada uno. Afirmó no haber iniciado los trabajos «hasta el 12 de agosto en que comencé con Rubén (Gutiérrez) a reunir piedra y a traerla de varios sitios donde nos la daban los vecinos», además de ser «el alcalde pedáneo quien nos decía lo que teníamos que hacer» al estar por allí con frecuencia, siendo «a principios de septiembre cuando comenzamos a hacer el muro perimetral», declaró. El mismo que, supuestamente, suscitó las sospechas del pueblo y de los populares en agosto.Trabajos que Gutiérrez aseguró haber dedicado «a recoger piedras y hacer un poco de muro». Labor a la que se sumaba ya «el vertido del hormigón» que como dijo Ricardo Fernández -contratado del 12 de septiembre al 12 de octubre-, «era para igualar junto a un muro» el cual en su opinión, «no era mucho pero sí superaba entonces los 30 centímetros». Tareas a las que entre el 14 de octubre y el 14 de noviembre en que estuvo el tercer empleado Faustino Sainz Aja, se sumó «la colocación de los nichos». «Colocación para la que tendría que estar ya hecho el muro, no?», dudó la acusación. «Sí, se fue haciendo a la vez», respondió.Otro de los citados fue el sacerdote Leandro Andino, en 2013 responsable de las parroquias de Espinosa y de Las Machorras, y por ende del cementerio de ésta última, propiedad del Arzobispado. Éste recordó haber tenido «una conversación de 5 minutos con el alcalde pedáneo sobre una posible ampliación del cementerio», tras lo cual observó días después un agujero en la tapia que separaba el cementerio de la parcela anexa, que creí que era para coger agua para algo que estaban haciendo allí».Un mes después -que el cura fechó el 11 de noviembre-, «pasé y vi toda la pared tirada, y a Roberto algo más abajo pues estaban descargando ya los nichos prefabricados», a quien comentó molesto que tendría que haberlo hablado con el Arzobispado. Trasladó entonces el suceso a éste, «que el 14 de noviembre a través de una carta le dijo que tenía obligación de reponerla», detalló.La falta de tiempo hizo que la siguiente cita del juicio se haya pospuesto al próximo 27 de abril.Modificación puntual del sueloEl deseo del alcalde pedáneo, Roberto Ortiz, de poner en valor sus intentos de legalizar la obra -hoy aún sin concluir y con su antigua catalogación de suelo rústico-, llevó a incluir como testigos ayer, al delegado territorial de la Junta en Burgos (Baudilio Fernández Mardomingo) y a la jefa del servicio territorial de Fomento en Burgos, Rosario Martín. Ambos declararon en sus respectivos testimonios, cómo eran conocedores del proceso de modificación de las normas urbanísticas en que se hallaba la pedanía, las cuales se llegaron a aprobar provisionalmente en varias ocasiones. «Sin embargo, los técnicos hallaron errores a subsanar en dos sectores, y eso se les pidió», recordaron ambos en sendas declaraciones.Errores que, como remarcaron ante las preguntas de los magistrados al respecto, «nada tenían que ver con la ampliación del cementerio».Pero conocedores de la polémica, y aprovechando que la modificación de las normas urbanísticas estaban en trámite, mantuvieron una reunión en Las Machorras en noviembre de 2016, «en la que se dijo a todos los presentes -entre ellos el alcalde pedáneo, el anterior párroco Leandro Andino y el actual Alejandro Ruiz, o la concejala Pilar Martínez-, que una solución era añadir una modificación puntual pidiendo el cambio de calificación de ese suelo rústico a urbanizable o de equipamiento, algo que podía impulsar cualquiera pero sí debía pedir Espinosa».Sin embargo, desde el Ayuntamiento espinosiego «se nos informó que no se iba a seguir con el proceso, cosa que nosotros no admitimos por lo que se halla ahora en vía judicial, yel suelo del cementerio, con la misma catalogación que estaba».Modificación que, de seguir adelante, haría que desde la Junta no se impidiera legalizar la obra, «ya que cumple las normas establecidas», aseguraron.