El empresario citado en el caso Proincove declara ante la juez

El proceso que investiga si se incurrió en algún tipo de delito en el caso Proincove, (por el que el Ayuntamiento ha tenido que pagar un total de 7 millones de euros al ocupar un terreno que era de propiedad de la constructora, con el fin de acondicionar una ribera del río Arandilla), comenzó ayer con la declaración del principal beneficiado, el empresario Mariano Velasco.Durante hora y media, el constructor -que compareció en calidad de investigado-, respondió a todas las preguntas que plantearon los cinco abogados presentes en la sala; el representante legal de Sí se Puede (como parte denunciante), el letrado que el Ayuntamiento de Aranda ha escogido para personarse en el caso y estar al tanto de la instrucción; el fiscal y los dos abogados de la defensa.Son dos porque aunque el abogado que habitualmente defiende a la constructora es Francisco Javier de la Morena, ante la advertencia de la juez sobre la posibilidad de que se vea también afectado por la causa (al ser marido de la entonces concejala Mar Chamorro y ex socio del ex alcalde, Luis Briones), ha preferido llevar a un codefensor por si en algún momento resulta investigado. En este sentido hay que recordar que la juez intentó desvincularle como representante legal en este procedimiento pero la Audiencia Provincial le autorizó.La declaración transcurrió sin incidentes. «El señor Velasco ha respondido a todas las preguntas y se ha defendido bien, como corresponde, aunque la sospecha sigue en alto», advierte el abogado de Sí se Puede, Julián Mateos, quien avanza que solicitará nuevas diligencias. «Todavía no se con exactitud porque tengo que repasar la declaración y consultar con mis clientes para ver cuáles proceden pero alguien más tendrá que declarar», asegura.Sin entrar en más detalles de lo que fue la declaración, este periódico ha podido averiguar que la investigación se centró ayer sobre todo a partir del ejercicio 2007. En ese año, Eusebio Martín (entonces concejal del PSOE, hoy portavoz de Renovación Arandina Progresista- RAP) tenía la responsabilidad en Urbanismo mientras que el socialista, Ildefonso Sanz, coordinaba el área de Medio Ambiente.El proyecto de acondicionamiento de la ribera, que se había iniciado en 1999 con la ex concejala de Izquierda Unida, Concha Rollizo, continuó en 2003, con la firma del convenio con el Ministerio, con el entonces alcalde del Partido Popular, Ángel Guerra, (Azucena Esteban estaba en Medio Ambiente y Soledad Romeral en Obras). En el periodo comprendido entre 2007 y 2011, fecha en la que la investigación ha puesto el principal foco, fue cuando el arquitecto elaboró la polémica valoración de 4 millones de euros. Gobernaba el PSOE.El procedimiento continuó en los años posteriores, con el Partido Popular, primero con la actual alcaldesa, Raquel González, como responsable política de Urbanismo, y luego con José Ignacio Díez Arranz (concejal del PCAL, hoy al margen de la política). Desde el 2015 ocupa el área Alfonso Sanz (PP). El expediente entró en vía judicial en el año 2012.DefensaPor parte de la defensa prefieren no dar declaraciones hasta que no finalice el proceso aunque dejan claro que están tranquilos convencidos de que la denuncia está sesgada y que en cuanto se conozca todo el expediente no habrá dudas.El Juzgado Número 1 de Aranda de Duero deberá decidir si en este expediente urbanístico que llevó a Fiscalía el grupo de Sí se Puede, existe algún delito de información privilegiada, tráfico de influencias o incluso prevaricación.