Los afectados de la N-I se alían con otros tres colectivos

«Que se dejen de tonterías, los que morimos y quedamos inválidos somos nosotros». Así resumía ayer una de las víctimas de la N-I la indignación de los usuarios de las vías de pago que a su juicio ponen en riesgo la seguridad de conductores y viajeros discriminándoles en comparación con otras zonas de España. La reflexión se produjo al finalizar la mesa redonda que sirvió para sentar las bases y presentar en sociedad, ayer en Briviesca, la recién constituida Unión de Plataformas por la Liberalización de las Autopistas de peaje (UPLA), que engloba a la Plataforma de Vecinos Afectados por la N-I de Burgos, Ávila Libre de Peajes, Prou Ap7 Gratuita Ja de Cataluña y AP-8 Peakerik Ez de Euskadi.Antes de poner en común sus inquietudes, los representantes de dichas asociaciones se concentraron en la Plaza Mayor de la localidad. Después, alrededor de un centenar de personas se dirigieron al kilómetro 278 de la carretera N-I donde cortaron el tráfico durante 15 minutos. Una vez allí, el portavoz de la Plataforma de Vecinos Afectados por la N-I, Rafael Solaguren, se mostró muy satisfecho por este nexo de unión en el que colectivos de distintos lugares del país suman fuerzas para reivindicar la seguridad vial por encima de criterios económicos. Una vez finalizado el corte, los asistentes se mantuvieron con las pancartas reivindicativas desplegadas en el arcén de la carretera nacional para trasladar a los conductores -transportistas en su mayoría- el motivo de la concentración. Obviamente, el principal motivo de la protesta -al margen de las respectivas circunstancias de cada plataforma- fue la explotación económica de las vías AP-1, AP-6, AP-51, AP-61, AP-7 y AP-8 mediante cobro de peaje, de ahí su insistencia a la hora de exigir su liberalización.Los problemas que afectan a cada zona se expusieron a continuación durante un encuentro público cuya apertura corrió a cargo del representante de Prou Ap7 Gratuita Ja, Llorenç Navarro, quien afirmó que «ya se ha amortizado 157 veces el tramo de la AP-7 entre l’Hospitalet de l’Infant y Alicante», cuya concesión acaba en 2019. Por su parte el representante de la plataforma AP-8 Peajerik EZ, Juan Carlos Poderoso, hizo hincapié en la «discriminación» que padece la AP-8 en todas las comarcas cercanas a la vía, por lo que no queda otra opción que pagar o circular por la colapsada y peligrosa .N-634.En la misma línea se pronunció el representante de Ávila Libre de Peajes, Julio Huerta, convencido que la única alternativa para los abulenses que por trabajo se desplazan a Madrid es «pagar o utilizar un puerto de montaña de 1.500 metros». Asimismo, denunció el incumplimiento del Estado tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró ilegal la última concesión.También se constató durante la mesa redonda que, en todos los casos, la existencia de una vía de pago conlleva un descenso de la seguridad vial para aquellos conductores que utilizan las vías alternativas convencionales de la red de carreteras del Estado. En este sentido, los ejemplos más flagrantes fueron los de las carreteras N-I, N-340 y N- 634. Por otro lado, los ponentes criticaron las actuaciones realizadas o previstas en dichas vías, como la instalación de guardarraíles o muros de hormigón en la N-I que multiplican el riesgo de accidentes graves. También se habló del proyecto de construcción de 11 rotondas, la limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora y la prohibición de adelantamientos en largos tramos con 66 kilómetros de línea continua en la N-340, pues se entiende que es una forma de ‘obligar’ a utilizar la vía de pago paralela.Finalmente, los promotores de UPLA anunciaron que proseguirán su toma de contactos con otras plataformas cívicas del resto de España que se encuentran en situaciones similares para presentar un frente común ante el fin de concesiones y en demanda de mejoras para la seguridad vial.