Una veintena de interinos, en la cuerda floja por el recurso de UGT

La sentencia con la que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resuelve el recurso que interpuso UGT contra la última Oferta de Empleo Público que quería llevar a cabo el Ayuntamiento de Aranda de Duero ofrece una de cal y otra de arena. Por un lado, permite al Consistorio sacar las 23 plazas de nueva creación que planteaba al entender que el procedimiento está bien tramitado, pero por otro deja en la cuerda floja a 22 trabajadores interinos que deberán regularizar su situación en un periodo inferior a tres años.Según estipula la Ley, los contratados antes del año 2005 -17 trabajadores afectados- deberán superar un examen de consolidación en el que, no obstante, contarán con ventajas por antigüedad. En este grupo se encuentran cuatro técnicos de Obras, uno del Centro de Acción Social (CEAS), uno de Cultura, otro de Juventud, cuatro de Secretaría, dos de Intervención, una de Recaudación, dos de Gestión Tributaria y la de la oficina de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).Peor lo tienen los seis empleados que comenzaron a trabajar después de esa fecha. Para normalizar su puesto de trabajo deberán afrontar un concurso de oposición libre en el que no tendrán ventajas sobre el resto de ciudadanos que deseen presentarse. Es el caso, por ejemplo, de un aparejador y de los últimos enterradores contratados. «Es una faena», reprocha uno de ellos a sabiendas de que, aunque el recurso de UGT lo ha precipitado, la responsabilidad última es de un Ayuntamiento que en lugar de sacar las plazas necesarias las ha ido cubriendo de forma interina desde hace muchísimos años.No hay tiempo que perder. En el caso de que transcurran los tres años de plazo, las plazas que no se regularicen se darán por amortizadas y desaparecerán. «Nuestra intención es sacarlas e iniciar en cuanto la sentencia sea firme, dentro de dos meses, un proceso de negociación con los sindicatos para sentar las bases, sobre todo de cara a los contratados antes de 2005», explica el concejal de Hacienda, Emilio Berzosa. Dicho compromiso cuenta con el respaldo de la propia alcaldesa, Raquel González. «Analizaremos cada caso de forma individualizada», garantiza consciente de que hay profesionales que llevan trabajando para el Ayuntamiento arandino más de 20 años.Por otra parte, las nuevas plazas que el Ayuntamiento pretende sacar este mismo año afectan a cuatro policías, tres bomberos, tres técnicos de administración general, un inspector urbanista, tres administrativos y varios auxiliares de Tesorería y Gestión Tributaria. «Vamos a intentar avanzar lo máximo posible porque con el tema de la sentencia hemos perdido ya un año», lamenta Berzosa.El origen del conflictoLa historia se remonta al 13 de junio de 2017, cuando en la mesa de negociación sindicatos y Ayuntamiento acordaron una oferta de empleo público para cubrir las necesidades del Consistorio con 23 contrataciones. La medida se aprobó con los votos a favor de CCOO, SSPME y USO y la abstención de UGT. Un mes después de que la alcaldesa firmase el decreto llegó la sorpresa: UGT presentaba un recurso administrativo ante el Ayuntamiento al entender que solo procedía sacar 13 de las plazas ofertadas. A la hora de acudir a la vía judicial hicieron falta dos votaciones de la Junta de Personal.Tras conocer la existencia del primer recurso, el equipo de Gobierno tomó la decisión de paralizar la oferta de empleo convencido de que si llegaba a la vía judicial el juez echaría atrás la oferta no por las 23 plazas, sino por no incluir las plazas de los interinos.