El Tribunal Supremo cierra la batalla judicial de la depuradora

La depuradora ha sido durante más de 19 años una de las preocupaciones más importantes para el Ayuntamiento de Aranda, y por fin la batalla judicial ha terminado. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que había presentado el establecimiento hostelero El Ventorro para que se incrementase la indemnización que el tribunal dictaminó que debía cobrar, ante la imposibilidad de cumplir la sentencia dictada el 14 de septiembre de 2001. Frente a los 15 millones que solicitaba como afectado, el Tribunal Supremo fija de manera definitiva la cuantía en 100.000 euros, al entender que no ha quedado acreditado que concurra «ninguno de los supuestos» que posibilitan el acceso a la casación.De hecho, el juez impone a la parte recurrente el pago de las costas procesales, «cuyo límite cuantitativo máximo, por todos los conceptos, se fija en 1.000 euros».El tribunal da así la razón al Consistorio al ratificar una compensación aprobada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que no busca paliar los perjuicios económicos, ni siquiera los daños morales «que no se reconocen a una sociedad mercantil»; sólo contempla los años de tramitación judicial.«Es una noticia muy positiva para Aranda, y que nos garantiza poder seguir cumpliendo con los compromisos que tenemos con los ciudadanos», celebra ante este periódico la alcaldesa, Raquel González, al recordar que ese resultado viene motivado del proceso de legalización de la depuradora que el Ayuntamiento emprendió hace 6 años, con ella como alcaldesa.Sin saber aún si El Ventorro recurrirá a la única vía posible, Estrasburgo, desde el Consistorio dan por finiquitado un enfrentamiento que el restaurante ubicado en el kilómetro 273 de la N-122, inició en el año 2001 para exigir que se cumpliese la sentencia judicial que obligaba al derribo de la instalación por su irregular ubicación.Cuando todo parecía indicar que no había más opción que el desmantelamiento llegó la sorpresa: aunque el Tribunal Superior de Justicia desestimó en 2014 el recurso con el que el Ayuntamiento pretendía evitar el derribo, un año después, el mismo tribunal cambiaba de parecer declarando la «inejecutividad» de la resolución, al dar por legalizada la instalación.Según el auto, el cumplimiento literal del fallo no procedía por «concurrir circunstancias posteriores que son causas de imposibilidad de restauración de legalidad». Se refería a la nueva Ley de Urbanismo de Castilla y León, y al perjuicio que ocasionaría al Medio Ambiente el vertido de esas aguas al río Duero.El Ayuntamiento cogía entonces impulso para argumentar una defensa que partía de la premisa de que la EDAR no fue declarada ilegal por la distancia a El Ventorro, sino por la distancia a Villalba, un municipio que desde hace años se beneficia también de forma directa de la estación depuradora. En cuanto a los olores, el Consistorio los atribuía a una granja de cerdos cercana.Para El Ventorro, sin embargo, la EDAR ha causado un quebranto importante al negocio, impidiendo el proyecto de ampliación que pensaban llevar a cabo. Además, según relataron a lo largo del proceso, ha afectado a nivel personal a sus empleados por la tensión social generada. Algunos aseguraron incluso que habían tenido problemas de salud por estos motivos.Este periódico intentó ayer, sin éxito, ponerse en contacto con el abogado de El Ventorro, Alejandro Suárez.