El Ayuntamiento abre expediente al funcionario Andrés García

A través de un decreto, la alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González, ha abierto expediente al funcionario Andrés García Arranz, por los «insultos, difamaciones y amenazas» que, al parecer, profirió a una de sus compañeras del departamento municipal de Medio Ambiente. Según argumenta el escrito, los hechos se produjeron el 19 de febrero de 2018 a las 11 horas en el despacho que ambos compartían, cuando el funcionario cuestionado impidió a la trabajadora abandonar la sala.Tras analizar las actuaciones previas y «de conformidad con el artículo 150.2 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril», la regidora resuelve incoar el expediente disciplinario al entender que los hechos se pueden considerar como falta grave, «en virtud del artículo 82 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León)». Como primer paso, el decreto nombra el órgano instructor que se hará cargo del procedimiento.Aunque desde el Ayuntamiento prefieren no entrar en valoraciones, la normativa es clara, y este tipo de infracciones pueden ser sancionadas hasta con una suspensión de empleo y sueldo de seis meses. Si el castigo se confirma, el Consistorio tendría además la obligación de dar traslado a la Fiscalía ante la posibilidad de que sea un delito penal. Por el momento los dos trabajadores han sido separados en diferentes despachos.Este decreto quedaría en el anecdotario municipal si no se tratase del hombre que durante los últimos años ha paralizado gran parte de las iniciativas en materia de Personal, como la última Oferta de Empleo Público que el Ayuntamiento quiso sacar en 2017 y que ha terminado en los tribunales. La sentencia, en este caso, tiene consecuencias para la plantilla ya que, por un lado, da la razón al Ayuntamiento al permitir que se continúe con la Oferta Pública de Empleo y se contrate a nuevos trabajadores.Pero por otro, pone en la cuerda floja a los 23 trabajadores interinos que deberán regularizar su situación en un plazo inferior a tres años. De lo contrario serán despedidos.PolémicaTambién generaron mucha polémica las declaraciones que el técnico hizo como secretario sindical de UGT en octubre de 2012, cuando en el transcurso de una rueda de prensa alertaba de supuestos casos de corrupción en el Ayuntamiento. El trabajador aludía a presuntos casos de favoritismo en la contratación de algunos trabajadores de cinco empresas que operaban para la Concejalía de Medio Ambiente.La respuesta no se hizo esperar, apenas un día después Izquierda Unida (IU) pidió una investigación interna ante la gravedad de las acusaciones exigiendo al trabajador pruebas. Aunque el Ayuntamiento abrió un expediente sancionador, quedó sobreseído por entender que ejercía su derecho a la libertad de expresión.Lo mismo ocurrió con las manifestaciones que el funcionario realizó en la Comisión de Obras el verano pasado, cuando aseguró que el proceso de selección que se está llevando a cabo para elegir a un funcionario interino que ayudase en las tareas de la secretaría general, «ya estaba dado», estando en disposición de escribir el nombre del futuro empleado. Por este motivo la secretaria general, como principal aludida, apercibió al funcionario. «Sus manifestaciones, toda vez que resultan falsas y no probadas, pudieran ser constitutivas de una falta grave al régimen disciplinario», le advertía el 30 de agosto, en un burofax, la propia secretaria general, Ana Isabel Rilova.El enfrentamiento de este técnico con los políticos se extiende a otros ámbitos. Como propietario de una parte del Sector S-3 de Arroyode la Nava desafió a los corporativos con interponer una demanda por 45 millones de euros si no se mantenía la categoría de suelo urbanizable de uso residencial que estipulaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2000. Como portavoz del colectivo, García dejó entrever la posibilidad de exigir la responsabilidad personal de los concejales y técnicos que aprobasen la medida, lo que la mayoría de ellos se tomó como una amenaza.El funcionario dejó de ser secretario general de la sección sindical de la FeSP- UGT en marzo, aunque a día de hoy sigue como vocal en la junta de personal funcionario.