El Ayuntamiento confía en reducir en 120.000 la deuda a Proincove

El fallo del sistema Lexnet por el que el juzgado debía haber comunicado al servicio jurídico del Consistorio la valoración de los intereses que aportó la constructora Proincove (tras la baja del letrado mayor), da al Ayuntamiento de Aranda un balón de oxígeno para retrasar el pago de los 2.123.076 euros que sobre el papel debía haber abonado el pasado 5 de febrero a la empresa. Todo ello dentro de los 7 millones de euros que le ha tenido que dar por haber ocupado irregularmente una parcela de su propiedad en la orilla izquierda del río Arandilla.El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estima el recurso municipal al entender que el defecto de forma en la notificación de esta «elevada indemnización» ha dejado al Consistorio en una situación de indefensión. «La liquidación de intereses se ha llevado a efecto sin intervención de una de las partes, vulnerando por ello las normas del procedimiento», argumenta el tribunal que no impone el pago de costas a ninguna de las partes.Bajo esta perspectiva, se retrotraen las actuaciones hasta el 28 de septiembre de 2017; una oportunidad que la defensa del Ayuntamiento aprovechará para intentar negociar a la baja unos intereses que, según el equipo de gobierno, «están mal calculados». En su opinión, la cifra correcta debería restar 120.000 euros.Un argumento que desde luego no comparte el abogado de la constructora, Francisco Javier de la Morena, decidido a exigir también el pago de los intereses que están generando los propios intereses. Y es que, en su opinión, cada día que pasa sin que el Ayuntamiento concluya el pago, «cuenta. Se están generando intereses de intereses; no lo decimos nosotros, hay jurisprudencia al respecto».HISTORIALa historia de este contencioso tiene su origen en el proyecto de acondicionamiento de la ribera que inició en el año 1999 la ex concejala de Izquierda Unida, Concha Rollizo. La firma del convenio con el Ministerio llegó cuatro años después con el entonces alcalde del Partido Popular, Ángel Guerra. En el periodo comprendido entre 2007 y 2011, se produjo uno de los principales focos de la investigación cuando el arquitecto municipal elaboró la polémica valoración de cuatro millones de euros. Gobernaba el PSOE.El proceso continuó los años siguientes con el Partido Popular (primero con la actual alcaldesa, Raquel González, como responsable política de Urbanismo, y luego con José Ignacio Díez Arranz, concejal del PCAL, hoy al margen de la política). Desde el 2015 ocupa el área, Alfonso Sanz (PP).Aunque el expediente entró en vía judicial en el año 2012, cuando el empresario se «hartó de esperar» - como comenta su abogado-, ha sido este año cuando el Juzgado Número 1 de Aranda de Duero ha decidido investigar si se incurrió en un presunto delito de información privilegiada, tráfico de influencias o incluso prevaricación, al darse la coincidencia de que el abogado del constructor es el marido de la entonces concejala de Promoción y Desarrollo y ex socio del entonces alcalde, Luis Briones. La denuncia parte de la formación política Podemos que facilitó a la Fiscalía los mil folios del expediente más un informe de seis páginas en las que se dejaba constancia de las preguntas pendientes de resolver.La instrucción comenzó el pasado 11 de abril con la declaración, como imputado, del propietario de la constructora, Mariano Velasco. Durante hora y media respondió a todas las preguntas que le plantearon los cinco abogados presentes en la sala, y aunque la defensa salió satisfecha convencida de que el empresario no ha tenido culpa de nada y no ha cometido ninguna irregularidad, el abogado de la acusación dejó claras sus dudas. «La sospecha sigue en alto», advirtió a su salida, Julián Mateos.El procedimiento continuará probablemente con nuevos testigos tanto políticos como técnicos.