Fabriciano Gómez «no incumple las normas de la seguridad social»

El concejal del Partido Popular en el Valle de Tobalina, Fabriciano Gómez, desmiente las declaraciones recogidas por este periódico el pasado miércoles en las que el portavoz del PSOE, Jesús Ángel López de Mendoza, informaba de la suspensión, por parte de la Seguridad Social, de su pensión por jubilación al considerar incompatible dicha prestación con su retribución municipal.En primer lugar, niega tajantemente la existencia de cualquier sentencia emitida por un juez. Sobre este punto, sostiene que se trata de un dato «manifiestamente erróneo y torticero» porque la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) «está dictada en vía administrativa y no hay iniciado, ni por supuesto resuelto, ningún procedimiento judicial». Por lo tanto, deja claro que «ningún juez ha podido dictar sentencia».«Lo que en definitiva considera el INSS es la incompatibilidad del percibo de la pensión de jubilación activa y la retribución como concejal con dedicación parcial al 26,60%», detalla el edil al tiempo que reconoce que la resolución de la Seguridad Social acabó «suspendiendo» los pagos correspondientes a la pensión y «reclamando las cantidades percibidas». Sin embargo, agrega que tal decisión se ampara «única y exclusivamente» en la «normativa de la Seguridad Social».Antes de que se emitiese el dictamen, Gómez formuló «alegaciones a esas decisiones del INSS, rebatiéndolas y mostrando su disconformidad». Para ello, según explica, aplicó «no solo la normativa de la Seguridad Social, sino además la de régimen local de los ayuntamientos». Así pues, partiendo de la «conjugación de ambas normativas» y teniendo en cuenta la dedicación parcial, el edil popular «no incumple las normas de la Seguridad Social» porque puede «compatibilizar» el ejercicio de su cargo -«y percibir las retribuciones correspondientes a esa dedicación parcial»- con la percepción de su jubilación activa, «declarada compatible por la propia Seguridad Social». Por lo tanto, recalca que «su situación está al margen de las incomptabilidades del personal al servicio de las administraciones públicas y no les es de aplicación».Todas estas conclusiones fueron recogidas en un informe de la secretaria del Ayuntamiento que fue «refrendado en su totalidad» por el Asesoramiento Jurídico y Urbanístico a Municipios y Arquitectura (Sajuma) de la Diputación Provincial. No en vano, precisa que la resolución del INSS «ha sido objeto de reclamación previa para poder acudir, posteriormente, al Juzgado de lo Social en Burgos.