El Correo de Burgos

BUREBA

Llano de Bureba se une contra una macrogranja porcina

Los vecinos crean una plataforma para alegar contra el proyecto previsto en la finca del Moscadero pues creen que perjudica al medio ambiente y la calidad de vida

Un momento de la reunión, donde participaron más de medio centenar de vecinos, entre ellos alcaldes de la zona.-G. G.

Un momento de la reunión, donde participaron más de medio centenar de vecinos, entre ellos alcaldes de la zona.-G. G.

Publicado por
GERARDO GONZÁLEZ
Burgos

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El tamaño del proyecto de una explotación porcina que está previsto construir en la finca de El Moscadero, a escasos quinientos metros del casco urbano de Llano de Bureba, ha generado el rechazo de los vecinos y la preocupación en otras localidades próximas. Así tras la constitución de la plataforma ‘No a la granja en Llano de Bureba’ se celebró en el municipio una reunión a la que asistieron más de medio centenar de personas, incluidos alcaldes de varias villas.Igualmente hicieron un llamamiento a los «ayuntamientos afectados y a toda la población, para que se oponga a este proyecto por los graves impactos ambientales y económicos que supondría su puesta en marcha», reiteraron. Como una de sus primeras iniciativas han puesto en marcha una recogida de firmas en la plataforma Change.org que hasta el momento ronda las 1.400 adhesiones, a las que se añaden las recogidas de forma física en la zona.En ella miembros de Ecologistas en Acción explicaron con detalle el marco regulador de estas explotaciones, destacando su proliferación en Castilla y León por una normativa laxa que les llevó a tildar de «burbuja» su proliferación. Señalaron que no se trata de explotaciones en el sentido tradicional de las que han sido habituales en el medio rural, «sino de producción industrial con destino a grandes empresas y en un alto porcentaje para la exportación de la carne».Igualmente señalaron que según la documentación de que disponen, el proyecto a nivel técnico cumple con todas las exigencias normativas. Y todo depende del resultado del impacto medioambiental -que está en periodo de alegaciones-, para que la Junta de el definitivo visto bueno al proyecto.Así, durante la reunión se apostó por presentar alegaciones al mismo centrándose precisamente en el posible daño medioambiental que por sus dimensiones puede, a su juicio, causar no solo a la villa por su cercanía sino a una amplia zona del territorio burebano.Destacaron entre ellos, la contaminación por nitratos de los acuíferos, contaminación con partículas tóxicas en suspenso en el aire, alto consumo de agua, gases de efecto invernadero como el metano, malos olores producidos por el purín y los graves trastornos originados por el gran tránsito de transporte que atravesaría el pueblo.Según afirman, el proyecto de la macro granja supondría ocupar una superficie equivalente a 55 campos de fútbol, además de la ubicación de una incineradora para la eliminación de los cadáveres producidos en la explotación, que calculan sea de una media de casi 600 animales muertos al mes.Otro punto que señalan es el elevado consumo de agua potable de la granja, diseñada para la reproducción con lo que estaría ocupada por unos 20.000 animales de media, que equivaldría al consumo de una población de 450 habitantes.Dados los sistemas de abastecimiento de los municipios del entorno, creen que también provocará más carencias en el abastecimiento de los municipios próximos, añadiéndose un gasto energético equivalente al consumo de una población de 260 hogares. Además del grave perjuicio tanto al paisaje como a la tierra, remarcando aún más la despoblación en la zona al poner en peligro los empleos generados por los vecinos de segunda residencia. Todo ello frente a una mínima contrapartida que supondrá la creación de 4 a 6 empleos, ante la elevada automatización de la explotación proyectada.Por todos estos motivos, piden a la administración regional que impida la ejecución de este proyecto, «y que modifique la legislación para evitar que Castilla y León sufra los graves problemas que ya padecen las comarcas catalanas, aragonesas o murcianas por este tipo de explotaciones», solicitaron.

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