El 31% de las sanciones ambientales se archivan por falta de personal

La tramitación de los expedientes sancionadores por cometer infracciones medioambientales ha sufrido un notable colapso desde 2015 hasta el año pasado en todas las provincias de la Comunidad. En dicho periodo, de los 1.975 expedientes que se tramitaron en Burgos, 607 han acabado en el «cajón» porque la Junta de Castilla y León no repuso la plaza de una funcionaria que permaneció de baja durante «más de un año». Así pues, la «mala gestión» de la Junta ha propiciado que el 31% de las sanciones no lleguen «a buen término».A tenor de estos datos «totalmente contundentes» que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, facilitó al grupo parlamentario de la formación naranja; el portavoz provincial de Cs y procurador en las Cortes, José Ignacio Delgado, subrayó ayer la necesidad de incrementar los «medios materiales y humanos» para evitar que los infractores -«casi siempre los mismos»- salgan «impunes» mientras siguen depositando escombros que «perduran en el tiempo». Por ello, anunció su intención de preguntar sobre el grado de efectividad de las sanciones tramitadas y la existencia de «reincidencias señaladas».El bloqueo administrativo tras la ausencia de la inspectora arroja una media de 357 expedientes sin resolver en el conjunto de la Comunidad. Tan solo Ávila, con 785 sanciones archivadas, supera a Burgos en el ranking. En el otro extremo se sitúa Valladolid, una de las provincias con menos infracciones (1.156) y con 97 pendientes de resolución.Delgado también mostró su preocupación por el estado actual de las cañadas reales Burgalesa y Segoviana, víctimas de un «abandono total y absoluto» por parte del PP, que el pasado mes de febrero tumbó su Proposición No de Ley (PNL) para garantizar su protección alegando que «ya se estaban ejecutando las medidas necesarias».El portavoz provincial de la formación naranja también preguntó a Suárez-Quiñones sobre el número de infracciones cometidas en la Cañada Burgalesa. A este respecto, el consejero precisó que durante la ausencia de la funcionaria se recibieron 24 denuncias: 21 en 2015 y tres en 2016, «todas ellas archivadas».Conflicto sanitarioPara Delgado, la situación que atraviesa el sistema sanitario regional es «insostenible», de ahí su comprensión hacia la huelga indefinida convocada para el mes de agosto por parte de los médicos de Familia. El problema, a su juicio, radica en que el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, es «manifiestamente incapaz» de «resolver» los «problemas» que afectan, sobre todo, al medio rural.En su opinión, la Junta debe solventar «de una vez por todas» un «problema estructural» que se traduce en una atención «ineficiente». Entretanto, los médicos «hacen lo que pueden con los medios que tienen» mientras las urgencias continúan «colapsadas». A modo de ejemplo, se refirió a la falta de previsión con motivo del festival Sonorama, donde no se ha dispuesto «ni un solo medio más» en el servicio de Urgencias pese la masiva afluencia de público prevista.