El gasto social de la Diputación asciende a 250,6 euros por habitante

El portavoz del equipo de Gobierno en la Diputación, Borja Suárez, sacó ayer pecho del «esfuerzo» realizado durante la presente legislatura en materia de Servicios Sociales. Para ello, hizo hincapié en las inversiones a lo largo de este año, que ascienden a 31 millones de euros: 10,2 destinados a los Centros de Acción Social (CEAS) y 20,7 para las residencias de mayores. En términos generales, el gasto de la Institución Provincial dentro de este apartado rondaría los 250,6 euros por vecino en los municipios de menos de 20.000 habitantes.A tenor de estos datos, y teniendo en cuenta que el área de Bienestar Social e Igualdad percibe unos ingresos de 13,2 millones, Suárez aseguró que la Diputación es «una de las corporaciones locales, en España, que más invierte en Servicios Sociales y que más ratio tiene de inversión por habitante». De esta forma, criticó el hecho de que dicha «bandera» solo «luce» cuando se trata de instituciones «gobernadas por la izquierda».Suárez también dejó patente un cambio de discurso en lo relativo a las competencias impropias. Y es que en vez de reclamar a la Junta de Castilla y León que se haga cargo de las residencias y centros de mayores como antaño, subrayó que la Diputación «quiere» seguir gestionándolas «aunque el esfuerzo inversor sea importante». Además, cuestionó la postura de otros grupos que«en cuanto puedan sueltan las residencias».Previamente, el portavoz del grupo popular anunció la resolución de la convocatoria de subvenciones a instituciones públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros y el desarrollo de programas relacionados con el ámbito de los Servicios Sociales. La partida, de 497.437 euros, beneficiará a 105 colectivos que desempeñan su labor en el medio rural.A este respecto, Suárez ensalzó su trabajo complementario al de las administraciones provinciales y regionales, amén de resaltar que el servicio de asistencia social en Castilla yLeón es el «mejor valorado por parte de los usuarios» y el «segundo más potente en contraste con cualquier otra Comunidad Autónoma».Por otro lado, el equipo de Gobierno dio luz verde a la convocatoria extraordinaria de subvenciones nominativas aprobada en el pleno provincial del pasado 12 de julio. En este caso, la partida para ayudas «urgentes» ronda los 2,8 millones de euros. Aparte de poner el foco sobre el incremento progresivo de esta dotación, Suárez salió al paso de las polémicas suscitadas desde la oposición al asegurar que los 115 ayuntamientos beneficiarios son «de todo signo político». Asimismo, aseveró que no será la «última convocatoria» de la presente legislatura, ya que habrá «otra más» para que los municipios y las entidades locales menores puedan acometer «proyectos que se escapan de lo ordinario».La política de Personal, otra vez en el punto de miraCinco de los sindicatos presentes en la Diputación (CCOO, UGT, CGT, CSIF y USCAL) manifestaron ayer su«desacuerdo» con la política de Personal que está desarrollando la Diputación, sobre todo en lo relativo a la ausencia de consenso a la hora de aprobar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Desde Comisiones Obreras, Luis Pérez criticó la eliminación de los «incentivos al personal funcionario y laboral», que también se ha visto privado de la «antigüedad» a lo largo de este año. Asimismo, lamentó el desmantelamiento del «servicio de prestación de maquinaria a los pueblos» o la nula atención a los alcaldes de cara a atender sus «necesidades y prioridades de inversión».En respuesta a esta comparecencia, Borja Suárez desmintió tales acusaciones al asegurar que la política de Personal es una «realidad viva» y «activa» fruto del «consenso» durante los «últimos meses de negociación». A su juicio, la postura de las cinco corrientes sindicales obedece a la cercanía de «procesos electorales» y la necesidad de «posicionarse políticamente» para «mandar mensajes a los partidos a los que se deben». Además, alegó que no están legitimados para «hablar en nombre del Comité de Personal» porque «hay sentencias que les dicen que han atentado contra la libertad sindical».