Los Ayuntamientos del Parque de la Lana demandarán al Gobierno

Llevan años reclamando una solución para poder afrontar la deuda que les dejó el Parque de La Lana y ya no esperan más. «Vamos a denunciar al Gobierno central», adelanta a este periódico el presidente de la Mancomunidad Ruta del Vino Afluente Rural, Luciano Burgos, decidido a averiguar qué pasó con el millón de euros que el Estado se comprometió a aportar, dentro de un plan de Convergencia que también implicaba a la Junta de Castilla y León con otro millón de euros, que tampoco llegó. «Nosotros nos metimos en este proyecto porque había un dinero comprometido y queremos saber qué ha pasado», asegura con preocupación porque a los 700.000 euros que los municipios afectados deben pagar a los bancos se unen otros 17.000 que adeudan a la Diputación de Burgos. «Es tremendo», lamenta.En su opinión, tras más de 5 años cerrado, el Parque de la Lana es un proyecto caduco. «Después de tanto tiempo, no tiene sentido», zanja.La Junta se desentiendeEn la Junta de Castilla y León el posicionamiento es inamovible y según explica a EL CORREO DE BURGOS el delegado territorial, Baudilio Fernández Mardomingo, la administración no estudiará ninguna otra opción de la que ha planteado ya a los ayuntamientos afectados por el cierre y por una deuda, que el portavoz insiste: «no es de la Junta, sino de los ayuntamientos». En la mano de éstos deja así el futuro de este espacio que nació con grandes expectativas y que se ha convertido en un quebradero de cabeza para los municipios mancomunados de La Horra, Gumiel de Mercado, Gumiel de Izan, La Aguilera, Pedrosa de Duero, Anguix y Olmedillo de Roa y también para los que en su día se fueron de la Mancomunidad Ruta del Vino afluente Rural, Sotillo de la Ribera y Roa de Duero.GestiónEn su argumentación, apostilla, la Junta de Castilla y León ha hecho todo lo que estaba en su mano como intermediar con los bancos La Caixa y BBVA para que rebajasen la deuda de 1.100.000 euros a 700.000 euros y localizar a una empresa interesada en asumir la gestión por un periodo de prueba. De llevarse a cabo, continúa, la administración regional invertiría 230.000 euros para garantizar la puesta en marcha y la adquisición de las ovejas representativas de la zona mientras que los ayuntamientos implicados tendrían que invertir 500 euros al mes - entre todos-, durante un año y medio. Si la fórmula funcionara, la empresa seguiría a partir de ese momento sola.Ahí precisamente radica la cuestión; en la viabilidad de un proyecto que despierta muchas dudas. Fernández Mardomingo habla muy claro al respecto al entender que «el proyecto nació muerto» por estar «en medio de ninguna parte». «Al no estar ni en un pueblo ni en otro, los visitantes tampoco dejaban dinero. Es como si el Museo del Prado lo pones en la Ciudad Deportiva».En respuesta a los alcaldes que defienden que la deuda es de la Junta porque hubo un compromiso de aportar dos millones de euros (dentro del Plan de Convergencia), la respuesta es también tajante. «La deuda es suya. No hay ningún papel en el que figure ese compromiso», resuelve convencido de que tras la rebaja de los bancos, la deuda es asumible para todos los ayuntamientos.CapacidadPero los pueblos no están de acuerdo. «Nosotros no tenemos capacidad para afrontar el pago», analiza el alcalde de Olmedillo de Roa, Miguel Ángel Muñoz (PP). Él también habla claro. «Es verdad que no hay ningún papel de compromiso pero sí se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, el Plan de Convergencia donde se anunciaba que el Parque de la Lana iba a contar con 2 millones de euros. Como no se ejecutó y el dinero no llegó vinieron los problemas», afirma con la esperanza de que la Junta de Castilla y León asuma su parte de responsabilidad porque ella sí «tiene mecanismos suficientes».A sabiendas de que la mayoría de los pueblos ya no quieren saber nada del proyecto, el alcalde de La Horra, Jesús Ajenjo, puntualiza. «No es querer o no querer, pero lo que no es lógico es abrirlo sin un proyecto, porque sería volver a condenarl», señala mientras insiste que «claro que la deuda no es de la Junta, pero no puede olvidar que esta deuda está por la mala gestión de la administración regional».Dicho esto, el primer edil aboga por recalcular el reparto de la deuda. «Habría que hacer un cálculo exacto de la deuda de cada municipio y ver legalmente cómo queda todo», considera con la mirada puesta en Roa de Duero y Sotillo de la Ribera, los dos municipios que dejaron la Mancomunidad.En Roa de Duero, su actual alcaldesa, Carmen Miravalles, defiende su postura y entiende que su Ayuntamiento debe asumir la parte de responsabilidad -«deudas y derechos sobre la propiedad»-, que le toca. Es decir, hasta el 21 de febrero de 2009, fecha en la que el pleno acordó su marcha de la Mancomunidad. «Aunque estemos fuera apoyamos a los alcaldes y entendemos que la Junta debería hacerse cargo de la deuda porque esta situación viene del impago de una subvención».SorpresaEl anuncio de la denuncia al Estado no pasa desapercibido. «Está muy bien que acudan a la vía judicial para ver qué ha pasado con ese plan de convergencia pero lo lógico sería extender la medida a la Junta que también estaba implicada en la subvención», aconseja el procurador de Ciudadanos en las Cortes, José Ignacio Delgado, al recordar que ese plan fue consensuado en su día por el PSOE (Gobierno central) y por el PP (Ejecutivo regional). «La Junta debería cumplir su promesa inicial y hacerse cargo de los costes en vez de endeudarles más invitándoles a solicitar un nuevo crédito», señala en alusión a la última propuesta del delegado territorial.Un sueño truncadoSituado a las afueras de La Horra, el Parque de la Lana nació con grandes expectativas. Corría el año 2009 cuando nueve pueblos apostaron dentro de la Mancomunidad Ruta del Vino Afluente Rural, por un proyecto que aspiraba a ser un referente en la zona y un recurso turístico para todos. En su puesta en marcha fueron definitivos los dos millones de euros que el Estado y la Junta de Castilla y León acordaron invertir dentro del Plan Plurianual de Convergencia Interior del año 2010. Los ayuntamientos pidieron los préstamos a los bancos confiando en la subvención pero el pago no llegó y comenzó a incrementarse la deuda con los intereses. Ya no había vuelta atrás. La falta de financiación obligaba al cierre en 2013 y lo que fue un proyecto innovador para poner en valor el patrimonio de la trashumancia con una actividad dinamizadora para la región, quedó relegado al olvido. Su clausura supuso además el fin de una Mancomunidad que llevaba desde 1997 trabajando de forma conjunta por la promoción turística.Los problemas no terminaron con la liquidación. La deuda de 500.000 euros creció de manera irrefrenable con los intereses hasta 1.100.000 euros. Aunque la última negociación llevada a cabo por la Junta de Castilla y León logró rebajar la cifra a 700.000, lo cierto es que nadie quiere hacerse cargo.