Gil ve en las renovables un nicho de empleo para Burgos

La derogación del polémico impuesto al sol por parte del Gobierno de Pedro Sánchez es una «apuesta clara» por las energías renovables que, según el senador socialista, Ander Gil, tendrá su impacto en la provincia de Burgos porque se trata de un «sector estratégico» que es «susceptible de generar empleo». Con estas palabras, aunque sin hablar de planes concretos en ningún momento, el político menés reafirmaba el «compromiso» de su partido con un territorio que, a su juicio, ha sido objeto en los últimos años de proyectos de «alto riesgo» como el fracking.La búsqueda de alternativas energéticas sostenibles que propicien la creación de puestos de trabajo fue uno de los asuntos que se abordaron ayer durante el comité provincial del PSOE. Previamente, Gil criticó la «absolutamente nefasta» gestión del Partido Popular, que ha convertido a la provincia en el «laboratorio del doctor Frankenstein». Es decir, el epicentro de las «peores políticas energéticas de la derecha en España».Ya en clave electoral, el portavoz del PSOE en la Cámara Alta aseguró que «a Burgos le va bien cuando gobiernan los socialistas», amén de enfatizar que a la Comunidad en su conjunto «le irá muy bien» cuando Luis Tudanca arrebate la Presidencia a los populares. Acto seguido, destacó que el Ejecutivo de Sánchez ya ha dado «pasos muy importantes» en materia de infraestructuras clave para la provincia como el AVE, el Tren Directo o la AP-1. Eso sí, sin aportar novedades y limitándose a ensalzar el papel que ha jugado la diputada nacional, Esther Peña, a la hora de «acabar con la incertidumbre sobre el futuro» de la autopista gracias a sus negociaciones con el Ministerio de Fomento.300 euros menos al añoLos socialistas burgaleses también aprovecharon la reunión del comité para respaldar, vía resolución, el acuerdo para «aumentar» y actualizar las pensiones con el «IPC real» alcanzado a finales del mes pasado en el Pacto de Toledo. «Para nosotros es fundamental recuperar este derecho porque creemos en un sistema público de pensiones que es posible», manifestaba Esther Peña con el afán de remarcar los esfuerzos del Gobierno para que «nuestros jóvenes de hoy puedan tener unas pensiones dignas mañana».Aparte de apoyar públicamente esta «demanda de la ciudadanía», la secretaria provincial del PSOE también denunció las consecuencias de la reforma del PP en 2013 para introducir el índice de revalorización. En el caso de Burgos, que cuenta con alrededor de 89.000 pensionistas, el «hachazo» de los populares se tradujo en una pérdida de «300 euros anuales» durante los últimos cinco años. Además, Peña recordó que «el 50% no superan el salario mínimo interprofesional».Gil también se mostró convencido de que este acuerdo tendrá un «impacto muy positivo» para la provincia, pues una vez abolida la «dictadura del 0,25» -en referencia al tímido incremento porcentual desde la reforma- ser pensionista ya no supone un «elemento de riesgo», sino una «garantía» para afrontar los últimos años de vida en unas «condiciones mínimas» y sin temor a que la prestación «se vea mermada».