La plantilla de la AP-1 sigue sin saber «nada» del Gobierno

A una semana de empezar la huelga, los trabajadores de la AP-1 continúan encarando su futuro laboral con «incertidumbre máxima» porque a día de hoy «nadie ha dicho nada» sobre su situación una vez se libere la autopista. La «incógnita total»a este respecto no logra despejarse porque ningún responsable del Gobierno central ha contactado con el comité de empresa de Europistas para abordar las reivindicaciones de la plantilla, centradas en la subrogación de los 111 puestos de empleo que corren el riesgo de perderse tras el fin de la concesión.Con este panorama, el portavoz del comité, Jesús Alberto Mateo, señala que la huelga convocada por el sindicato UGT el pasado 24 de octubre sigue activa. Ahora bien, su mantenimiento a lo largo de este mes dependerá de «cómo vayan evolucionando las negociaciones» con la compañía y de posibles novedades a cargo del Ministerio de Fomento. Por ello, los operarios de la AP-1 no descartan la desmovilización «si vemos alguna mejora o buena predisposición por parte de la empresa» respecto al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pendiente de concretarse.«Parece que todos los empleos son importantes menos los que dependen de la AP-1», lamenta Mateo mientras reprocha que tanto la Junta de Castilla y León como el resto de partidos políticos se hayan puesto «de perfil» a la hora de defender los derechos de los trabajadores de la autopista. «Nadie quiere vernos», agrega convencido de que, a diferencia de otros sectores que sí han contado con apoyo institucional cuando el empleo corre peligro -Gamesa o Vestas, por ejemplo-, en su caso «se ha criminalizado nuestro trabajo».Partiendo de la base de que «merecemos el mismo respeto y la misma representación», el portavoz del comité de empresa insiste en la necesidad de garantizar la supervivencia de una plantilla que se gana la vida «trabajando por la seguridad de los miles de usuarios que día a día transitan por esta vía». Por lo tanto, considera que el Gobierno debe «poner negro sobre blanco» lo antes posible para analizar a fondo una «decisión electoralista» basada en «medidas económicas que no tienen rigor económico».A Mateo tampoco le cabe duda de que la «improvisación» del Ejecutivo de Pedro Sánchez obligará a recular tarde o temprano a Fomento. «Con las pistas que nos dan aquí puede pasar cualquier cosa», sostiene a raíz de las declaraciones del ministro, José Luis Ábalos, sobre la necesidad de elaborar un estudio sobre la AP-7 para determinar si es viable su liberalización. A juicio del portavoz sindical, «está aceptando que va a ser una vía secundaria» en caso de que se elimine el peaje.Aparte del «agravio comparativo» entre la autopista del Mediterráneo y la AP-1, Mateo se pregunta cómo prevé corregir el Gobierno el «desequilibrio» entre pago y gratuidad, pues calcula un «desfase» de «40 millones de euros» que «van a tener que salir de algún sitio». Obviamente, «a cargo de los Presupuestos Generales del Estado».Pese a sus criticas al Ejecutivo, el portavoz del comité de empresa de Europistas recalca que su reivindicación no defiende una nueva concesión. Su propuesta se basa en el «pago por uso» para asegurar el mantenimiento de la vía, máxime cuando «el 80% de los usuarios no pertenecen a la zona por la que circula la autopista». En su opinión, el desarrollo de esta fórmula permitiría que el peaje se reduzca «a la mitad» e incluso cabría la posibilidad de habilitar «descuentos para residentes». Además, cree que la recaudación, si corre a cuenta del Estado, repercutiría favorablemente en «mejoras en la N-I».Otro de los «despropósitos» que ve Mateo es que no se hayan acometido obras previas en las áreas de servicio, pues a día de hoy la de Quintanapalla es la «única dimensionada para asumir un volumen importante de estacionamientos», sobre todo en casos de «emergencia por nieve».