Llaman a declarar al primer testigo del caso Proincove

La instrucción judicial que investiga si se incurrió en algún delito en el caso Proincove, por el que el Ayuntamiento ha tenido que desembolsar casi ocho millones de euros a la constructora por ocupar de forma irregular un terreno de su propiedad junto al río arandina para acondicionar un sendero de la ribera, continuará el próximo 12 de noviembre con el testimonio del ingeniero de Obras públicas municipal, Carlos Sacristán, que se convertirá en el primer testigo.Se trata de una comparecencia que se ha suspendido hasta ahora en dos ocasiones. Primero en julio, por entrar en el juzgado otros procedimientos más urgentes que tienen preferencia por ser juicios rápidos, y luego en septiembre, cuando un abogado solicitó cambiar la fecha al no poder asistir.El exresponsable de Aguas y Urbanismo declarará como director del proyecto de recuperación de Ribera que el Ayuntamiento de Aranda de Duero llevó a cabo en esta polémica parcela en el año 1999. Explicará así el origen de estas obras y por qué no se advirtió de que esta parcela era privada como sí pasó con otra contigua.InterrogatorioEl que fuera Ingeniero de Obras en el Ayuntamiento de Aranda hasta hace un año comparecerá seis meses después de lo que hiciera el por ahora único investigado: el empresario de la constructora Proincove, Mariano Velasco. En su caso, declaró ante la jueza del Juzgado Número 1 de Aranda de Duero. Durante hora y media, los abogados de ambas partes intentaron aclarar si se cometió un presunto delito de información privilegiada, tráfico de influencias o incluso prevaricación al darse la coincidencia de que el letrado del constructor es el marido de la entonces concejala de Promoción y Desarrollo, Mar Chamorro, y ex socio del entonces alcalde, Luis Briones.Precisamente por este motivo, la parte demandante (Podemos) ha pedido que se impute también al abogado defensor y a la exconcejala socialista, un extremo que todavía no ha confirmado la jueza. Aunque desde la defensa tienen claro que no hay nada ilegal, la comparecencia del constructor dejó dudas en la acusación. «La sospecha sigue en alto», advertía a la salida el abogado Julián Mateos.El origen de este proyecto se remonta al año 1999 con la exconcejala de Izquierda Unida, Concha Rollizo. En 2003 continúa con la firma del convenio con el Ministerio, con el entonces alcalde del Partido Popular, Ángel Guerra, y la exedil de Urbanismo, Soledad Romeral, mientras que desde 2007 a 2011, fecha en la que la investigación centra el principal foco, fue cuando el arquitecto elaboró la polémica valoración de 4 millones de euros. Gobernaba el PSOE con Luis Briones como alcalde y Eusebio Martín en Obras.El procedimiento prosiguió en los años posteriores con el Partido Popular. Primero con la actual alcaldesa, Raquel González, como responsable de Urbanismo, y luego con José Ignacio Díez Arranz, concejal del PCAL, hoy al margen de la política. Desde el 2015 ocupa el área Alfonso Sanz (PP).Por este motivo, Sacristán no será el único que tenga que prestar declaración y si la jueza acepta las diligencias solicitadas por la parte demandante, podrían pasar otros técnicos y políticos, en calidad de testigos, como por ejemplo el que fuera concejal de Urbanismo, Eusebio Martín.InteresesAl margen de este procedimiento judicial está también pendiente de resolución el recurso que la constructora presentó contra el auto en el que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) tuvo en cuenta el planteamiento del Ayuntamiento de Aranda al rebajar en 120.000 euros los 2,1 millones de euros que sobre el papel debía haber abonado el Consistorio en concepto de intereses. A la hora de lograr esa «rebaja», la Corporación se aferró a un fallo del sistema de notificación Lexnet, ya que se envió a un Letrado Mayor que estaba de baja. Al no llegar a tiempo, el servicio jurídico municipal no tuvo la capacidad de negociar los intereses, produciéndose -tal y como justificó- una situación de indefensión.