El Gobierno achaca al PP el cierre de La Lora por no licitar la concesión

El Ministerio de Transición Ecológica salió ayer al paso de las críticas vertidas desde el PP tras la confirmación del desmantelamiento definitivo del campo petrolífero de La Lora por parte de Columbus Energy Resources, su última adjudicataria. Tal y como era de esperar, la versión de los hechos es radicalmente contraria a la de los dirigentes populares que se apresuraron a anunciar la presentación de mociones en distintas administraciones, desde el Ayuntamiento de Sargentes de la Lora hasta el Senado pasando por la Diputación o las Cortes de Castilla y León.Según fuentes ministeriales consultadas por este periódico, una vez culminada la primera fase de abandono temporal de las instalaciones tras la denegación de la prórroga de 10 años solicitada por la empresa, el anterior Gobierno contó con un margen de tiempo «bastante amplio» para impulsar una nueva licitación a partir del 14 de marzo del año pasado. Ese mismo día, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la Orden de extinción de la concesión «por caducidad al vencimiento de sus plazos», aunque abría la puerta a la «convocatoria de un concurso».Las mismas fuentes insisten en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tuvo «tiempo suficiente» para reanudar la actividad e impedir la ejecución de la segunda fase, consistente en el «abandono definitivo de los pozos del campo y en el desmantelamiento de sus instalaciones remanentes». Asimismo, desde el Ministerio recalcan que los populares contaron con unos plazos «bastante holgados» para evitar el cierre de La Lora.Ahora el procedimiento debe seguir su curso y Columbus dispone de un plazo de «seis meses» para acometer los trabajos de desmantelamiento. Y aunque el Gobierno no entra a valorar las declaraciones de su director ejecutivo, Leo Koot, insta a la multinacional a «asumir sus responsabilidades cumpliendo todos los criterios» fijados en su día en la disposición del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.Con un talante mucho más crítico, la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, lamenta la «hipocresía» del Partido Popular por «generar falsas expectativas» a la multinacional y a sus operarios. En su opinión, el anterior Gobierno tuvo clara desde el principio su intención de «no renovar» la concesión. Aún así, dejó a los trabajadores «prácticamente dos años en precario, obligados a mantener y vigilar la antigua explotación sin actividad, con los gastos que ello conlleva».Aparte de reiterar que «si el PP hubiera querido habría podido licitar de nuevo la concesión», Peña acusa a los populares de «defender a los empresarios» de cara a la galería para luego dejarles «tirados». Así las cosas, manifiesta que no ha quedado más remedio que «dar el carpetazo formal a un proyecto que el Partido Popular dejó morir».Después de contextualizar el polémico cierre, el Ejecutivo defiende su «estrategia de transición justa» para «acompañar a las comarcas vinculadas a la generación de energía que tenemos que ir abandonando». Este proceso, que también contempla una «descarbonización de la economía», se sustenta según las fuentes consultadas en compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático como el Acuerdo de París.En clave laboral, el Ministerio de Transición Ecológica sostiene que el desmantelamiento definitivo del campo petrolífero también está «asociado a la creación de empleo». De hecho, confía en que los 17 trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) y otros habitantes «de la zona» se vean beneficiados. Respecto al problema de despoblación que acecha al medio rural, el Gobierno promete impulsar una «masiva instalación de energías renovables» que brindará «oportunidades de empleo» a través de fondos disponibles del Ministerio de Agricultura.