El director técnico del proyecto echa balones fuera

El testimonio del primer testigo que la magistrada del Juzgado número 1 de Aranda de Duero escuchó ayer con el fin de dilucidar si se cometió o no un delito de información privilegiada o tráfico de influencias en el conocido Caso Proincove no aclaró casi nada. El ingeniero de Obras Públicas y ex responsable de Aguas y Urbanismo en el Ayuntamiento arandino, Carlos Sacristán, debía explicar por qué siendo director del proyecto de reurbanización de la ribera del rio Arandilla no comprobó la titularidad de las parcelas que se iban a ocupar. Según su declaración, él no entraba en esas cuestiones. Y aunque era el encargado de facilitar la información a la empresa redactora del proyecto, se limitó a asegurar que transfirió los datos que le daban desde Urbanismo y que se enteró de que una de las parcelas afectadas pertenecía a la constructora Proincove en el año 2005, cuando el promotor, Mariano Velasco, se personó en el Ayuntamiento para reclamar.El exresponsable de Aguas y Urbanismo no supo explicar por qué sí se comprobó, en cambio, la titularidad en una parcela contigua que fue expropiada y en otra que fue compensada con una permuta dentro del mismo proyecto. «Si se hubiera hecho, no habría pasado todo lo que ha pasado», señaló el abogado de la acusación, Julián Mateos, consciente de que por esta ocupación irregular las arcas municipales han terminado pagando -por imperativo judicial- algo más de 8 millones de euros por un patatal que no servía para edificar. Lo que sí puntualizó, a raíz de una pregunta del abogado del empresario, fue que durante los primeros años no habló nunca del tema ni con el constructor ni con el letrado.Aunque se le dio la oportunidad de que declarase por videoconferencia debido a que vive fuera de Aranda, Sacristán prefirió acudir al juzgado. Lo hizo a las 10 de la mañana y su declaración duró alrededor de 40 minutos.Petición de la acusaciónUna vez escuchado al testigo y al hasta ahora único imputado -el constructor Mariano Velasco, quien compareció el pasado 11 de abril-, la jueza deberá decidir ahora si archiva la causa o continúa y requiere la asistencia de nuevos testigos, tal y como plantea el abogado de la acusación. La lista propuesta es larga e incluye a técnicos y a políticos que han tenido relación con este proyecto desde que en 1999 lo pusiera en marcha la concejala de Izquierda Unida, Concha Rollizo.Podrían circular así por el juzgado, en calidad de testigos, el exalcalde, Ángel Guerra (PP); el exconcejal, Javier Rojas (PP), y el todavía edil, Eusebio Martín (antes del PSOE y ahora de Renovación Arandina Progresista), junto a técnicos como el exsecretario municipal, Fernando García. Especial interés despertaría la comparecencia de la exarquitecta municipal, María Luis Haro, pues fue quien elaboró un informe en 2012 que rebajaba en un 85% la valoración de los terrenos que la Comisión Territorial de Valoración (CTV) había fijado en 4.017.000 euros.Otro investigadoLa magistrada por el momento no se ha pronunciado. Tampoco se sabe si aceptará, como pide la acusación, que se incluya como investigado al abogado del constructor, Javier de la Morena, al ser también marido de la entonces concejala de Promoción y Desarrollo, Mar Chamorro, quien trabaja para Proincove, y ser además exsocio del entonces alcalde, Luis Briones.Cabe recordar que aunque la propia Mar Chamorro llevó el expediente con el fin de limpiar su nombre, la Fiscalía solo dio el paso cuando Sí se Puede (Podemos) complementó el requerimiento con un informe de seis páginas en el que dejaba constancia de las dudas y las preguntas pendientes de resolver. La formación morada adjuntaba además dos anexos, uno con la cronología de los hechos y otro con los nombres de los concejales que han ostentado la responsabilidad de Urbanismo y Medio Ambiente en los años en los que se desarrolló el proceso -desde principios de 1999 hasta su entrada en la vía judicial en 2012- sin olvidar a los técnicos que se han encargado de los distintos trámites.Con una pena que sumando intereses supera los 8 millones de euros, el caso Proincove se ha convertido en la sentencia más gravosa para las arcas municipales del Ayuntamiento de Aranda de Duero.