Prado Marina espera crear en enero su Ente de Conservación

Para evitar el estado de deterioro que sufre hoy en día su vecino Allendeduero, la asociación de propietarios del polígono Prado Marina ha presentado al Ayuntamiento de Aranda de Duero un convenio para consolidar un Ente de Conservación que garantice su mantenimiento. Sobre la mesa, cuestiones esenciales como calles, parcelas, zonas verdes, mobiliario y señalética. Según explica el portavoz de esta agrupación empresarial, Alberto de la Calle, la Corporación podría dar luz verde al proyecto en pleno el próximo mes de enero. De momento, confirma que «estamos a la espera de los informes jurídicos».Según este documento, que durante tres años se ha consensuado con todos los partidos políticos con representación municipal, el Ayuntamiento tendría que abonar 75.000 euros anuales -algo menos del 25% de lo que recauda por el IBI en esa zona-, mientras que el resto de empresarios se encargaría de sufragar lo que falte para completar el presupuesto de cada ejercicio en función de las necesidades. «Calculamos que el primer año serán 100.000 euros», señala a sabiendas de que, aunque ahora el polígono esté muy bien porque está prácticamente nuevo, el paso del tiempo obligará a reforzar el mantenimiento en los años siguientes. «Al final merece la pena porque todos queremos que este bien», defiende.Entrados en materia, la propuesta incluye la creación de una asamblea general en la que el Ayuntamiento tendrá derecho a veto. Aunque la ley acepta hasta un máximo de 10 años, la periodicidad planteada se limita a cuatro dada la novedad de un sistema que no suele verse en los polígonos de la región ni de España. «Lo normal es que se encarguen los ayuntamientos», explica De la Calle al recordar que, en el caso de Aranda de Duero, el Consistorio no solo está como Administración local sino como propietario de algunas parcelas. «Los remanentes que sobren serán para el Ayuntamiento», añade a sabiendas de que una vez finalizado el Ente, si no se prorroga hasta el tope de 10 años, la responsabilidad del mantenimiento pasará al Consistorio, tal y como fija la ley.

Acompañado por la abogada urbanista y secretaria de la asociación de propietarios del polígono, Brezo Téllez, De la Calle insiste en la importancia de mantener un polígono que se ha convertido en un referente en Castilla y León.Desde su puesta en funcionamiento en el año 2005 hasta ahora, el polígono ha sido, asegura, un ejemplo de rentabilidad social con la creación de 700 puestos de trabajo, muchos de ellos contratados en plena crisis. Las inversiones en este tiempo han rondado los 140 millones de euros gracias a iniciativas empresariales que han llegado de fuera (Tubos Aranda, Verdifresh, Tecnoaranda, Aranda Coated, Todoaceros, Acail Gas, Mavima) y también desde el ámbito local, como La Colmena Musical o Prado Sport, entre otros.PosibilidadesSu construcción ha abierto posibilidades empresariales con 1.100.000 metros cuadrados netos de suelo industrial. Además, incluyó la construcción de dos rotondas en la N-122; sin olvidar el ramal que construyó la Junta y que permitió la activación del tráfico ferroviario en su conexión norte.

De cara a la ciudad, el polígono ha generado 200.000 metros cuadrados de zonas verdes, así como un pozo de captación y una mejora de la red de abastecimiento eléctrico.Pese a no ser fruto de inversión municipal sino privada, el Ayuntamiento también se ha visto beneficiado por la cesión gratuita de parcelas para uso público (113.853 metros cuadrados) y para la venta (121.000) por las que ya ha obtenido un ingreso de más de un millón de euros. Además, las arcas municipales han recibido hasta hoy 875.000 euros en concepto de cobros por licencias de obras y 285.000 por el IBI anual. «Podemos decir que la tramitación ha sido ejemplar y que ha sido rentable en lo social y en lo económico», sostiene.Aunque todas las parcelas de mayor tamaño (más de 10.000 metros cuadrados) ya se han vendido, el polígono sigue en fase de crecimiento con unas 180 disponibles de diferentes tamaños. CaixaBank es ahora la principal propietaria del suelo vacante y gestiona las operaciones a través de Servihabitat.