El PP acusa al Gobierno de «recortar» la conectividad rural

Las compañías de telefonía móvil estarán «incumpliendo» el compromiso alcanzado con el anterior Gobierno en materia de conectividad rural si el Ministerio de Economía y Empresa mantiene su intención de «recortar» la prestación de servicios de banda ancha contemplados en el Plan 300x100 (300 megabits por segundo para el 100% de la población), aprobado el pasado mes de marzo para garantizar el acceso internet en todos los núcleos rurales, inclusive en «lugares en los que para los operadores no es rentable».Con una inversión de 525 millones de euros a repartir en tres anualidades, los ‘populares’ aprobaron una primera línea de ayudas, por valor de 150 millones de euros, que contempla 6,5 millones para la provincia de Burgos y 50,2 para el conjunto de la Comunidad. El problema, según denunciaba ayer la senadora Begoña Contreras, radica en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apenas ha «resuelto» 122 millones a finales de noviembre. En teoría, la intención del PP era financiar esta convocatoria destinando 30 millones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de la era Rajoy y financiar los 120 restantes a través de fondos Feder.Contreras no ocultó su «estupor» tras constatar que el Ministerio ha modificado la orden para la concesión de la próxima convocatoria para «rebajar los objetivos de los operadores». ¿Qué supone esta decisión? Según la senadora ‘popular’, «antes se pedían 30 megabits garantizados de media diaria y ahora solo se exige que la velocidad sea nominal», de tal forma que la cobertura, fijada inicialmente para un máximo de 383 personas, se ampliará a mayores núcleos de población. Y es que «con una antena se va a poder dar cobertura a dos pueblos con menores prestaciones o incluso tres».Así las cosas, los senadores del Partido Popular permanecerán «vigilantes» para que el Gobierno mantenga las inversiones en las dos convocatorias pendientes y no rebaje la calidad de servicios sobre una infraestructura «necesaria» en el medio rural. De momento, Contreras cree que los socialistas están beneficiando a los operadores de telefonía a costa de «recortar los derechos a la población».apoyo a la cazaEl rechazo público a la caza y los toros de la ministra de Transición Ecológica -«Ideológica» según el PP-, Teresa Ribera ha causado una oleada de críticas desde diversos ámbitos. Los ‘populares’ no son ajenos a la polémica y por eso han planteado iniciativas de «apoyo explícito» ante el Senado y las Cortes de Castilla y León.En clave regional, el procurador burgalés Ángel Ibáñez defendió el mantenimiento de la actividad cinegética por su contribución a la hora de «crear empleo», su efectividad a la hora de «controlar» la fauna silvestre y, al mismo tiempo, «reducir la siniestralidad vial». Por otro lado, aseguró que la desaparición de la caza en una Comunidad con un 90% de superficie cinegética -con Burgos, Salamanca y León a la cabeza- y alrededor de 1.800 entidades propietarias de cotos supondría un «riesgo» para los pueblos pequeños y, por ende, contribuiría a incrementar la despoblación en el medio rural.En lo que respecta a la moción ante las Cortes después de que Ribera haya puesto «en pie de guerra» no solo al sector sino también a «reconocidos socialistas», Ibáñez afirmó que un voto en contra por parte del PSOE resultaría «escandaloso». Por ello, precisamente, conminó al principal grupo autonómico de la oposición a posicionarse públicamente, ya que por el momento sus dirigentes no han dicho «absolutamente nada» al respecto.Por su parte, la senadora del PP Cristina Ayala cargó duramente contra el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, tras criticar la España «casposa» en la que todos tienen que ser «toreros o cazadores». En base a dichas declaraciones, Ayala acusó al también ministro de Fomento de considerar casposos a «800.000 españoles».A continuación, Ayala recordó que Burgos cuenta en la actualidad con unos 230 cotos, 2.500 cazadores federados y 6.000 licencias, que en el caso de las «interautonómicas», pueden alcanzar las 8.500. Asimismo, aseguró que el 80% de los ingresos económicos de algunas pedanías de la provincia depende de esta actividad. Por otra parte, indicó que el número de accidentes relacionados con la caza -2.800 el año pasado según la Junta- «se pueden más que duplicar». Por todo ello, anunció el desarrollo de una «actividad conjunta» en próximas fechas con cazadores para exigir que no se prohiban las prácticas cinegéticas.