La plantilla de Nuclenor no quiere que el recurso ante la Junta les afecte

La empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, Nuclenor, confirmó ayer de manera oficial que el pasado viernes presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra el impuesto que grava el almacenamiento temporal de residuos en las instalaciones. No en vano, la compañía prefiere no añadir «ningún comentario» hasta el momento, por lo que cualquier planteamiento que se pueda exponer al respecto se basaría, a su juicio, en meras «hipótesis» que la empresa ni afirma ni desmiente.El recurso de Nuclenor era un secreto a voces en el seno de la plantilla. Los trabajadores sabían que, tarde o temprano, la compañía plantaría cara a la Junta para tratar de eludir el pago de una tasa con la que el Ejecutivo autonómico pretende recaudar 15 millones que se destinarían a la reactivación económica del área de influencia de la planta. Lo que desconocían los operarios era el cuándo, tal y como aseguraba ayer el presidente del comité de empresa, Alberto César González.Al tratarse de una «decisión empresarial» como la de 2012, cuando Nuclenor optó por «sacar el combustible de la vasija y meterlo en la piscina», González subrayó que los trabajadores «ni entramos ni salimos» en este tipo de cuestiones porque no les corresponde. Así las cosas, lo único que pide la plantilla es que la vía judicial «no interfiera en el curso normal» de su «día a día» y del convenio vigente desde diciembre de 2017. Hasta la fecha, «se está respetando absolutamente todo».Mientras la empresa guarda silencio al respecto y los operarios esperan que se respeten sus condiciones laborales, la respuesta del Gobierno regional no se hizo esperar. La encargada de saltar a la palestra fue la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, aparentemente tranquila porque la justicia siempre ha dado la razón a la Junta cada vez que una empresa recurría el gravamen autonómico a posibles daños medioambientales.En declaraciones recogidas por Europa Press, la consejera insistió en que las empresas recurren a los tribunales desde que el Ejecutivo regional aprobó esta clase de impuestos en 2012. En cuanto a la tasa sobre la central, precisó que la Comunidad ya ha recibido alrededor de 3,7 millones correspondientes al primer trimestre del año.Después de asegurar que no ha recibido comunicación oficial por parte de Nuclenor, Del Olmo señaló muchas empresas -sobre todo del sector eléctrico- emplean esta «táctica» de manera habitual aunque hasta el momento los tribunales hayan fallado siempre a favor de la Junta y, por tanto, se vean obligados a pagar el pertinente impuesto y las costas del proceso. Su objetivo, según la consejera, es recurrir «sus propias autoliquidaciones por si un día, por lo que sea, se declara ilegal».Por otro lado, la responsable regional de Economía y Hacienda sentenció que la decisión de Nuclenor no supone un recurso de inconstitucionalidad contra la norma impulsada por el Ejecutivo autonómico. Además, no dudó en subrayar que sería una «lástima» el freno a un impuesto destinado íntegramente a la reactivación de la comarca tras el cierre de la planta, tal y como se comprometió en su día el Gobierno central mediante un plan específico para la zona.