La UE revisará en un mes la queja sobre el desmantelado de Garoña que ahora aparca

Si bien la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acordó ayer archivar la queja por presuntas irregularidades en el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña que defendió el alcalde de Zamanzas Juan José Asensio, también detalló que la decisión será revisada el próximo mes y podría ser revocada por falta de quórum en el voto de esta sesión.Y es que durante su intervención de ayer, el alcalde burgalés expusola necesidad de que la Eurocámara presione a España pidiendo más información sobre el cierre de la central, «por la incertidumbre, la desinformación y retraso en los plazos que están marcando todo este proceso», argumentó en su exposición el edil.Sin embargo, tras la misma -tal y como recogió Europa Press-, representantes de la Comisión Europea advertieron que con la información de que disponían no veían necesario tomar medidas en relación al cumplimiento de la directiva sobre seguridad nuclear o a la aplicación del Tratado de Euratom.«Además, es la autoridad reguladora española la competente para garantizar que la seguridad de la planta cumple los requisitos europeos», recordaron. De ahí que finalmente, los eurodiputados concluyeran anunciando que se enviará una carta a las autoridades españolas para pedir más información sobre el desmantelamiento de Garoña, lo que de todas formas no evitará el cierre del trámite de la queja presentada por Asensio, y con ello la decisión de no hacer seguimiento de la misma.IncertidumbreDesde el partido Imagina, remarcan la defensa que el alcalde de Valle de Zamanzas ha realizado por la sensación de incertidumbe que en común opinion con el regidor burgalés, rodea el desmantelamiento de la central de Garoña y el almacenaje de residuos», remarcan a través de un comunicado.Recogen así la intervención del eurodiputado Florent Marchesi, quien se felicitó por el cierre de la planta, pero recordó que «ahora llega el desmantelamiento, y éste puede resultar peligroso», por lo que remarcó dos posibles problemas como son la transparencia e información y la gestión de residuos, abogando así por que la petición quedara abierta para reclamar más información al respecto.Recuerdan que a el pasado 25 de abril de 2017 Asensió también acudió a Bruselas, para plantear a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el cierre definitivo de Garoña, al estar sobre la mesa una nueva prórroga de funcionamiento que planteaba en aquel momento el gobierno de España para una planta parada desde 2012 y que en la que las empresas que lo explotaban, no habían acometido todas las inversiones de mejora en seguridad ni habían informado a la Comisión de los pasos realizados.La petición quedó entonces abierta mientras se solicitaba a España toda la información necesaria, pero dos meses después el propio gobierno de España, cerró definitivamente la central.En su intervención de ayer miércoles, Asensio volvía a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas con Garoña como contenido para denunciar que «ninguna de las empresas que operan en España y que se dedican al desmantelamiento de centrales nucleares, puede demostrar que cumple con el Tratado Euratom en materia de manipulación de componentes radiactivos», advirtió.Detalló que en el contenido de dicho acuerdo, se detalla que «las empresas deben demostrar que pueden crear, explotar y desmantelar de forma segura una instalación nuclear, algo que en España no sucede pues estas empresas crean y explotan, pero no desmantelan y no lo han hecho nunca, parte que queda reservada a la empresa pública Enresa, la del trabajo sucio».Limpieza que en el caso de Garoña, recalcó Asensio, «supondrá un coste de 480 millones de euros del Presupuesto General del Estado, para el desmantelamiento y sin contar la gestión de residuos». Por ello denunció que mientras los operadores de energía nuclear se dedican «a sacar beneficios de este negocio, es el Estado, quien asume el desmantelamiento posterior».