Eusebio Martín intentó revertir la ocupación del terreno de Proincove

Tras varios retrasos, el proceso judicial que investiga si hubo un delito de información privilegiada o tráfico de influencias en el conocido caso Proincove (por el que el Consistorio arandino ha tenido que pagar a la constructora más de 7 millones de euros al haber ocupado una parcela de su propiedad para acondicionar un sendero de la ribera del río Arandilla), se retomó ayer con la declaración del ex concejal del PSOE -hoy al margen de la política-, Eusebio Martín.Durante media hora, el que fuera concejal de Urbanismo entre los años 2007 y 2011 contestó a todas las preguntas que le hicieron. Su respuesta fue rotunda: él, como concejal del área, inició el procedimiento y mandó que se comprobara la titularidad del terreno, cuando en 2007 llegó un escrito en el que el empresario advertía de la situación. Según puntualizó el político, la empresa ya había remitido una advertencia anterior en 2005, cuando gobernaba el Partido Popular, pero el Ayuntamiento no contestó. «El empresario advirtió en 2005 que le habían ocupado unos terrenos que eran suyos, pero no hubo respuesta», asegura.Tras comprobar que efectivamente el terreno era propiedad de la constructora, el siguiente paso que dio el edil fue intentar revertir la situación pero ya era tarde. «Me dijeron que llevábamos cinco años de ocupación y ya no tenía sentido», recuerda en declaraciones a este periódico.Convencido de que algunos partidos políticos han querido extender el rumor de «un supuesto pelotazo del PSOE» (al darse la circunstancia de que el entonces alcalde, Luis Briones, era socio de despacho del todavía abogado del constructor, que a su vez es marido de la ex edil socialista y trabajadora de Proincove, Mar Chamorro); Eusebio Martín reitera: «nada tiene que ver con la realidad».Bajo esta perspectiva, rememora la comisión en la que los entonces grupos de la oposición, Partido Popular, Izquierda Unida y Tierra Comunera, tumbaron la propuesta que presentó el edil para que el Ayuntamiento negociara una permuta con la que el empresario estaba de acuerdo, pero la votación no salió y se prefirió ir a los tribunales. «Ahí se acabó mi labor», subraya Martín al recordar que no fue la única comisión en la que se habló del tema. «Hubo al menos tres comisiones previas en las que fui dando cuenta», añade mientras deja claro que en las reuniones que mantuvo con el empresario siempre estuvo asistido por técnicos municipales. «Yo he contestado hoy (por ayer) a todo lo que me han preguntado porque no hay nada que ocultar. Creo que cuanta más luz y taquígrafos en este tema, mejor», zanja.En su opinión, la investigación debería partir del año 1999 cuando con el entonces alcalde, Javier Arecha, en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), no compensó al empresario por los terrenos que se iban a ocupar, pese a ser «obligado» y no de 2007, como se ha planteado.Aunque en su día la propia Mar Chamorro llevó el expediente a la Fiscalía con el fin de limpiar su nombre, el tribunal abrió la investigación en 2012 a raíz de un informe en el que Sí se Puede (ahora Podemos) alertaba de incógnitas y preguntas pendientes de resolver.La instrucción comenzó el 11 de abril de 2018 con la declaración del principal beneficiado, el empresario, Mariano Velasco. Durante hora y media y en calidad de único investigado hasta el momento, respondió a todas las preguntas que plantearon los abogados de la sala; pero no despejó las dudas de una acusación que concluyó que la «sospecha seguía en alto».El proceso continuó el 12 de noviembre con el director técnico del proyecto, el ingeniero de Obras Públicas y ex responsable de Aguas y Urbanismo en el Ayuntamiento de Aranda, Carlos Sacristán, pero su testimonio apenas aclaró nada, ya que cuando fue preguntado por qué no había comprobado la titularidad de las parcelas que se iban a ocupar, respondió que él no entraba en esas cuestiones y que se limitó a transferir los datos que le daban desde Urbanismo. Según su testimonio, conoció que pertenecía a la constructora Proincove en 2005, cuando el promotor, Mariano Velasco, acudió al Ayuntamiento de Aranda de Duero a reclamar.El próximo en comparecer será el ex alcalde del PP, Ángel Guerra. A partir de ahí la juez deberá decidir si archiva la causa o continúa y requiere la asistencia de nuevos testigos como plantea la acusación.ProyectoEl proyecto de acondicionamiento de la ribera del río Arandilla se remonta a 1999 con la ex concejala de IU, Concha Rollizo. Luego continuó con el PP con la firma del convenio con el Ministerio. Sin embargo, el foco de la investigación se centra en 2007-2011 (PSOE), periodo en el que el arquitecto elaboró la polémica valoración de 4 millones de euros. El procedimiento continuó en los años posteriores con el Partido Popular, primero con la actual alcaldesa, Raquel González, como responsable política de Urbanismo, y luego con José Ignacio Díez Arranz (concejal del PCAL, hoy al margen de la política). Desde el 2015 ocupa el área Alfonso Sanz (PP).