El PP afirma que «Treviño no ha llamado aún pero lo hará»

«Sabemos que no tardará en haber un encuentro en el que Condado de Treviño y la posibilidad de su anexión al País Vasco sea el tema principal del mismo, pero todavía no ha habido contactos al respecto por parte de los nuevos responsables municipales del enclave», comentó ayer la exalcaldesa treviñesa y actual procuradora del PP por Burgos, Inma Ranedo.«Aunque éramos conscientes de que esa llamada para mantener una reunión al respecto se produciría en breve, sobre todo al estar ahora los partidos Bildu y PNV a la cabeza del gobierno de los ayuntamientos del enclave», añadió la treviñesa, quien sí remarcó que «estamos abiertos al diálogo y a escuchar, pero con las ideas muy claras de cuál es para nosotros el futuro del Condado de Treviño», remarcó.Ranedo, quien ayer participaba en la capital en una rueda de prensa ofrecida junto a su compañero, el también procurador por Burgos Alejandro Vázquez, explicó que «desde el PP y la Junta seguiremos haciendo un ejercicio de responsabilidad manteniendo los convenios firmados entre la Diputación de Burgos y la foral de Álava para el cuidado de los servicios de quienes viven allí», avanzó la representante popular.«Conscientes de que éstos suponen un acercamiento a los ciudadanos del enclave para facilitarles el día día, y que deje así de ser una disculpa lo que todos hemos oído de que Burgos y Valladolid están muy lejos de Treviño, pues tanto Junta como Diputación prestan estos servicios que se refuerzan con estos acuerdos, que a la vez aseguran una atención cercana a todos los ciudadanos»Ranedo asegura hablar desde la cercanía que le da haber sido alcaldesa del Condado años atrás y mantener con éste contacto directo, al confirmar la buena sintonía que hay entre los grupos de la corporación municipal. «Pero una cosa son los servicios -que allí se prestan de una forma adecuada lo que no impide que se busque a la vez mejorarlos-, y otra la política, que tendría que quedar en un segundo plano pero que en estos dos ayuntamientos estará ahora en un primer plano», auguró.Por ello invitó a los responsables de los Consistorios del enclave -Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón que encabezan como alcaldes respectivamente Enrique Barbadillo (PNV) y Pablo Ortiz de Latierro (Bildu)-, «que su primera preocupación sean las personas del Condado, que no se olviden de ellas por la obcecación de pertenecer a otra comunidad», comentó la procuradora.«Y que dejen de lado historias que luego no les permitan llevar a cabo una gestión adecuada para los treviñeses, quienes lo que de verdad quieren es poder ir a Álava y ser atendidos como un alavés más, y eso es lo que han buscado la Junta de Castilla y León y la Diputación con sus acuerdos», argumentó la ex alcaldesa del enclave.Al igual que Ranedo ayer, días atrás el nuevo alcalde del Condado de Treviño, Enrique Barbadillo, reconocía que la solicitud de anexión del enclave a la vecina provincia de Álava «es una cuestión que retomaremos en breve comenzando por la búsqueda de diálogo tanto con la Junta de Castilla y León como con la Diputación de Burgos», comentó.Reinicio de las conversaciones que prevén impulsar en breve, tras haber dado tiempo estos meses a la formación y asentamiento tras los pasados comicios electorales, de los nuevos equipos de Gobierno de las diferentes instituciones, al haberse producido cambios en todos ellos, incluidos el Ayuntamiento treviñés.Gobierno municipal en el Condado que gracias al voto ciudadano otorgado en las pasadas elecciones, ahora encabeza Barbadillo bajo las siglas del PNV. Partido desde el que, como recordó el nuevo alcalde, «ya impulsaron nuestros representantes nacionales, la propuesta de creación de una ley que regulara estos cambios territoriales y que, sin embargo otros tumbaron». lamentó. «Pero volveremos a retomarla, al entender que es lo que quieren los ciudadanos, pues son ellos los que con sus votos han decidido que sea el PNV, con sus ideas, el que encabece el Ayuntamiento».Los populares reclaman una financiación acorde a la realidadPor otro lado, los dos procuradores del Partido Popular por Burgos reclamaron ayer una financiación acorde a la realidad existente en Castilla y León, pues como remarcaron, «a día de hoy la que se recibe deja al descubierto el 20% de las competencias sociales de nuestra región, ya que con el anterior modelo en vigor hasta 2008, esta región recibía el 7,12% de los recursos disponibles para las Comunidades Autónomas, mientras que en la liquidación de 2017 ha podido verse que sólo recibió el 6,37%», cifró Vázquez.Remarcó así el enorme perjuicio que en opinión de los populares «supone para Castilla y León el actual modelo de financiación autonómica». Modelo que como explicó Vázquez, se basa en el criterio de ‘Población Ajustada Relativa’ que dio forma al informe solicitado a expertos en 2017, en el que detallaron por ejemplo cómo el criterio de dispersión geográfica pondera con apenas un 0,6% al calcular dicha financiación o la población mayor de 65 lo hace con apenas un 8,5%. «Mientras que aquélla de hasta 20 años de edad lo hace con un 20%, dando lugar a incongruencias como que se evalúe en mucha menor medida un sector poblacional (el de mayores de 65 años) que genera más del 75% de gasto sanitario».Por ello ambos abogaron por pedir que se retome la comisión de expertos creada en 2017 y que ya empezó a analizar el cambio del modelo existente. «Trabajos que, sin embargo, han sufrido un remarcado freno, como así lo prueba el hecho de que desde el 22 de agosto de 2018 no se haya reunido tampoco el Consejo de Política Fiscal y Financiera que trata estos temas», reprochó.Y es que como asegura, en dicho informe ya se marcaban algunas pautas como pista, «tras hacer aflorar algo que todos sabíamos, el hecho de que no se cubrían suficientemente las necesidades de financiación de Castilla y León». Región -concretó-, en la que estos servicios «suponen un gasto muy amplio en comparación con otras donde estos factores genéricos no tienen tanta incidencia, algo a lo que debería atenderse», poniendo como ejemplo en sanidad, «los 247 centros de salud de la región frente a los apenas 90 existentes en todo el País Vasco».Finalmente reprocharon un último «acto de trilerismo político en el que se niegan 440 millones de euros a la región». Impago al que la ministra resta importancia «diciendo con el gracejo que la caracteriza, que sólo es un retraso de 15 días, cuando éstos suponen a la Junta la mitad del presupuesto de la Consejería de Empleo o los de las de Presidencia y Cultura juntas», reprochó el popular.