El Juzgado número 1 de Aranda sobresee el Caso Proincove

Porque no es lo mismo dudas que pruebas, el Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda de Duero ha decidido sobreseer las actuaciones que se habían abierto con el fin de dilucidar si hubo un delito de información privilegiada o tráfico de influencias en el conocido Caso Proincove. Actuación por la que el Ayuntamiento arandino ha tenido que pagar a la constructora casi 8 millones de euros por haber ocupado una parcela de su propiedad para acondicionar un sendero de la ribera del río Arandilla).En su argumentación, el tribunal considera que una vez analizadas las actuaciones practicadas «no aparece debidamente justificada la perpetración de un delito de prevaricación. Es necesario significar que el tipo básico del delito de prevaricación en modo alguno se cumple en el presente caso», zanja mientras recuerda el artículo 404 del Código Penal, donde se especifica que este delito se refiere «a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo», (algo que se castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años).«En el presente caso y en atención a lo expuesto y a las diligencias practicadas, no existen indicios de la comisión de infracción alguna por parte de funcionario alguno de los que intervinieron en la tramitación de los expedientes administrativos relacionados con el investigado, y la mercantil que representaba Proincove», asegura.IncentivosEl tribunal descarta también el delito de tráfico de influencias; un delito que está castigado con penas de prisión de entre seis meses y dos años, una multa del duplo del beneficio perseguido u obtenido y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de 6 a 10 años.A su entender, el hecho de que se diera la circunstancia de que el entonces alcalde, Luis Briones, fuese socio de despacho del todavía abogado del constructor, que a su vez es marido de la ex concejala socialista y trabajadora de Proincove, Mar Chamorro, se enmarca dentro de las relaciones propias de una ciudad pequeña como Aranda de Duero.«No consta acreditada que sus relaciones hayan influido en la forma de tramitar el expediente, y mucho menos, cuando el propio investigado ha acudido a la vía judicial correspondiente (sin tener obligación ni certeza sobre un posible vencimiento) con el resultado que consta en las actuaciones tras el dictado de la sentencia tanto del TSJ de Castilla y León, sala de lo contencioso-administrativo, como por parte del Tribunal Supremo en el mismo asunto», afirma.Por todo ello, la juez descarta que haya indicios de delito y procede a acordar el sobreseimiento provisional y archivo de la presente causa. Sin embargo, da opción a las partes interesadas a presentar un recurso bien ante el juzgado bien ante la Audiencia Provincial.Como promotor de la denuncia, el partido político de Podemos recurrirá convencido de que todavía quedan muchas cuestiones por aclarar. En este sentido, el portavoz de la formación morada en Aranda de Duero, Andrés Gonzalo confía en que se pueda abrir una nueva investigación en la que se pueda escuchar a personas de interés en el caso como el ex alcalde, Luis Briones o la ex concejala, Mar Chamorro. «Respetamos la decisión judicial pero no la compartimos», lamenta Gonzalo.En este sentido, hay que recordar que aunque en su día fue la propia Chamorro la que llevó el expediente a la Fiscalía para limpiar su nombre, y el tribunal abrió la investigación en 2012 a raíz de un informe en el que Sí se Puede (ahora Podemos) alertaba de incógnitas y preguntas pendientes de resolver.El proyecto de acondicionamiento de la ribera del Arandilla se remonta a 1999 con la ex concejala de Izquierda Unida, Concha Rollizo. Luego siguió con el PP con la firma del convenio con el Ministerio. Sin embargo, el foco de la investigación se centra en 2007-2011 (PSOE), periodo en el que el arquitecto elaboró la polémica valoración de 4 millones de euros.El procedimiento continuó en los años posteriores con el PP, primero con la actual alcaldesa, Raquel González, como responsable política de Urbanismo, y luego con José Ignacio Díez Arranz (concejal del PCAL, hoy al margen de la política). Desde el 2015 ocupa el área Alfonso Sanz (PP).LA INVESTIGACIÓN EN FECHAS20.12. El tribunal abre la investigación tras denuncia de Podemos.11 de abril de 2018. El Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda escucha al único investigado, el empresario Mariano Velasco, quien respondió a todas las preguntas pero no despejó las dudas, y la acusación afirmó que «la sospecha seguía en alto».12 de noviembre 2018. El proceso continúa con el director técnico del proyecto, el ingeniero de Obras Públicas y ex responsable de Aguas y Urbanismo en el Ayuntamiento de Aranda, Carlos Sacristán. Su testimonio apenas aclara nada.18 de junio de 2019. Centrando el foco de la investigación de 2007 en adelante, el tribunal llama al entonces concejal de Urbanismo del PSOE (hoy al margen de la política), Eusebio Martín. Durante media hora, el que fuera concejal de Urbanismo entre 2007 y 2011 contestó a todas las preguntas que le hicieron y dejó claro que como responsable del área inició el procedimiento y mandó que se comprobará la titularidad del terreno cuando en 2007 llegó un escrito en el que el empresario advertía de la situación. En su opinión, la investigación debía partir de 1999 cuando el Plan General de Ordenación Urbana (con Javier Arecha de alcalde), no compensó al empresario por el terreno a ocupar, pese a ser «obligado».24 de junio de 2019. El juzgado escucha al último testigo aprobado por el tribunal, el ex alcalde, Ángel Guerra, quien afirmó no recordar lo acontecido al respecto entre el año 2000 y 2008.29 de octubre de 2019. Se archiva la causa aunque cabe posibilidad de recurso.