Asemar pedirá al juez que Sanidad asuma los daños y perjuicios del confinamiento

Convencidos de que el confinamiento de Aranda de Duero no solo fue ineficaz a nivel sanitario sino un experimento que ha puesto en un brete a la economía local y de la comarca, la asociación empresarial, Asemar, ha presentado un recurso de reposición que sustentará las bases de una futura demanda económica por daños y perjuicios. 

«Solo hay que darse una vuelta. Mientras los pueblos están llenos, aquí la gente no quiere venir»

«El daño está hecho y ya es tarde para echar atrás pero creemos que no fue ni lícito ni legal. El confinamiento no estaba justificado y la Junta tiene que responder», defiende el presidente del colectivo, Roberto Rojo, molesto ante la incomprensible actitud de una administración que lleva años relegando proyectos importantes para Aranda como la A-11, el tren o el hospital. «La involución aquí es clara», advierte.

En su opinión, la Junta debe de asumir el compromiso de reparar la deteriorada imagen de Aranda de Duero, una ciudad que tras el cierre de agosto no logra levantar cabeza. «Solo hay que darse una vuelta. Mientras los pueblos están llenos, aquí la gente no quiere venir», lamenta visiblemente preocupado por la cantidad de empresas y negocios que no van a poder hacer frente a esta tesitura.  «Utilizaron Aranda como conejillo de indias y ahora está hecha una pena, y no solo Aranda, también muchas poblaciones a 30- 50 kilómetros».

«El daño está hecho y ya es tarde para echar atrás pero creemos que no fue ni lícito ni legal. El confinamiento no estaba justificado y la Junta tiene que responder»

En el documento, que inicia el procedimiento administrativo, la asociación empresarial solicita a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León que admita el recurso potestativo de reposición previo a la interposición de un recurso contencioso administrativo. Bajo esta perspectiva y de conformidad con el artículo 115.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, solicita que se declaren nulas las medidas acordadas de confinamiento por «vulnerar los derechos constitucionales a la libertad y libertad de circulación de personas declarados en los artículos 17.1 y 19 de la Constitución Española».

En su opinión, la Consejería de Sanidad adoptó medidas «graves y extremas» cercenando los derechos constitucionales a la libertad y libre circulación por el territorio nacional. 

«Estas medidas han tenido importantes consecuencias negativas en el ámbito social y económico que están afectando tanto a los habitantes de la capital ribereña como a la comarca y todos sus sectores económicos, tanto el primario como secundario y terciario», aseveran al recordar que Aranda de Duero es uno de los municipios más industrializados de la región. No en vano es el tercer núcleo industrial de Castilla y León.

Asemar considera además que este tipo de restricciones que afectan a derechos constitucionales precisan de una Ley Orgánica como la que regula los estados de alarma, excepción y sitio. 

«Según algunos juristas y expertos constitucionalistas, la restricción de esos derechos fundamentales solo sería posible con el estado de excepción, al implicar el confinamiento, no una limitación, sino una suspensión del derecho a la libertad de circulación», argumentan con la mirada puesta en la declaración de estado de alarma que aprobó por Real Decreto el Gobierno central, el 14 de marzo, cuyas prórrogas tuvieron que ser ratificadas por el Congreso de los Diputados.

La Orden recurrida lo que ha hecho es adoptar unas medidas consistentes en el confinamiento de la población de Aranda de Duero propias del estado de alarma, pero sin estado de alarma

A nivel regional, el recurso entiende que aunque el artículo 5 de la Ley Orgánica 4/1981 faculta al Presidente de una Comunidad Autónoma para solicitar al Gobierno la declaración de estado de alarma «cuando los supuestos referidos en el artículo 4 afecten exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de dicha Comunidad Autónoma», «no es menos cierto y verdad que en este caso no se ha producido dicha petición ni se ha declarado el estado de alarma en el municipio de Aranda de Duero». 

«Así pues, la Orden recurrida lo que ha hecho es adoptar unas medidas consistentes en el confinamiento de la población de Aranda de Duero propias del estado de alarma, pero sin estado de alarma, siendo así que ninguna de las normas invocadas en esa disposición, habilitan a la autoridad sanitaria de nuestra Comunidad Autónoma, Consejería de Sanidad, para adoptar, sin ningún tipo de límite ni control adicional, cualquier clase de medida que suponga sobrepasar las garantías constitucionales», insiste.

Sin olvidar que la administración regional, al contrario del Gobierno de España, no ha habilitado «ninguna medida» para mitigar «las nefastas consecuencias derivadas de una decisión de tanta gravedad».

Polémica

La polémica medida tuvo lugar entre el 7 y el 21 de agosto. Catorce días de cierre con los que la Junta intentó ralentizar la propagación del covid-19. Aunque la consejera de Sanidad, Verónica Casado, defendió su utilidad al pasar de una incidencia de 66 por cada 10.000 habitantes, a 52 por cada 10.000; fuentes sanitarias locales dudan de la efectividad ya que, pese al confinamiento, la propagación del virus continuó por la comarca. «Ahora hay brotes por todos lados», aseguraba hace unos días el director de Urgencias, Javier Hernández Roscales. 

En la segunda oleada, han precisado ingreso hospitalario en Aranda 39 personas. Siete no han podido sobrevivir (y han fallecido por o con coronavirus), mientras que 19 han sido dadas de alta. Seis tuvieron que ser derivados al hospital Universitario de Burgos.

A día de hoy, de los catorce pacientes actuales en el Santos Reyes, hay ocho personas de residencias, dos de pueblos y cuatro de Aranda Norte.