Socibur exige a los políticos que pongan fecha a la reapertura del Directo

Decididos a conseguir que las promesas que los partidos políticos hacen hoy en elecciones, se conviertan en hechos; la Sociedad Civil Burgalesa (SOCIBUR) pide a los candidatos a dirigir la Junta de Castilla y León que concreten con fechas la reapertura completa del Directo.Para este colectivo, el anuncio que realizó la ministra de Transporte, el pasado 5 de noviembre, sobre el estudio para la rehabilitación del túnel de Somosierra, previo a la extracción de la bateadora de su interior, “es insuficiente”. “Es una medida puntual, ya exigida por la Ley y Reglamento del Sector Ferroviario, que claramente se ha ido demorando y que debido al inicio de las indagaciones efectuadas a nivel de transparencia y asesoramiento de profesionales contrastados del Derecho, ha obligado a que movieran ficha en lo mínimo posible”, denuncia el presidente, Rafael Medina.Hasta ahora la falta de voluntad de los partidos que han gobernado “ha sido evidente”. Prueba de ello, recuerda, son los informes que ADIF realizó hace siete años en los que se alertaba de las graves deficiencias que tenían entre otros el túnel de Somosierra, que ya entonces padecía una “grieta en la clave”. Lo mismo pasaba con otros siete túneles listados “con daños por filtraciones y desprendimientos”. “En esta documentación a la que ha tenido acceso SOCIBUR se evidencia que en el momento de su elaboración había también al menos catorce trincheras con riesgo 2 o superior y gravedad alta y ocho pasos superiores, inferiores y pontones, inspeccionados en el año 2011, con daños medios o graves”.Ante la “gravedad de estas informaciones” y en base a la pertenencia a la Red Ferroviaria de Interés General del Estado de la línea férrea, en su totalidad, SOCIBUR exige que se tomen las medidas oportunas para efectuar dichas reparaciones de forma inmediata. Y es que, lo que ha ocurrido en el túnel de Somosierra –con un bloqueo que supuso el cierre de la línea en su conexión con Madrid- puede repetirse en otros túneles como el de Mata Águila, en Madrid, que “posee una grieta y puede acabar con un desprendimiento grave”. “Al igual que han licitado el estudio de soluciones para el túnel de Somosierra, exigimos que lo hagan con carácter urgente para el resto de infraestructuras dañadas, como túneles, trincheras, pasos, puentes y viaductos así como la licitación de dichas actuaciones correctivas”, insta.En su opinión, para que el compromiso con la apertura de la línea sea tangible, debe haber plazos definidos. “Es preciso que concreten la reapertura total en un cronograma de actuaciones”, urgen con la mirada puesta en la renovación de la superestructura, la reparación de daños en la plataforma de vía, la reposición de apartaderos de 750 metros y la reinstalación de las denominadas “instalaciones de seguridad y telecomunicaciones”. “Queremos ver hechos y sobre todo que las actuaciones que se realicen lleven como resultado la puesta en servicio de la totalidad de la línea, permitiendo nuevamente la circulación de tráficos”, apremian hartos de promesas incumplidas. “Mucho dicen en la oposición pero cuando llegan al gobierno…”, lamenta.“Es una tomadura de pelo”Él lo tiene claro: el anuncio de la ministra de Transportes sobre la elaboración de un nuevo informe que condicionará el destino final del túnel, “es una tomadura de pelo”. “Existen ya estudios y claras muestras de interés reiterativas por parte de las empresas, agentes sociales, asociaciones, ayuntamientos, cámaras de comercio y la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas. ¿Qué más necesitan la señora ministra y ADIF? Lo que toca es que respondan a la sociedad burgalesa y a las demandas de las zonas afectadas de Soria y Madrid”.Las cuentas salen. “Si miramos los costes, los estudios técnicos recientes consideran una horquilla de entre 100 y 150 millones de euros, y con mejoras la amplían hasta los 400; en comparación con el coste de construcción de los kilómetros de Alta Velocidad, la inversión es ínfima”, advierte al recordar que un kilómetro de AVE en España cuesta entre 15 y 60 millones de euros. “Es una gota en el océano”, rechaza.La asociación reparte culpas y aunque la infraestructura es estatal y depende ahora mismo del PSOE y Podemos, considera que la Junta de Castilla y León no ha exigido con firmeza en todos estos años, “provocando la situación actual de inmovilismo, y tan solo se ha producido el último pequeño paso del estudio informativo para Somosierra”.Con este objetivo, piden que se abra una comunicación ágil entre administraciones tras las elecciones, “sin perder ni un minuto”  y sin cerrarse a “posibles convenios con las comunidades autónomas”. “La Ley del Sector Ferroviario permite la implicación, incluso con aportaciones de carácter simbólico, de las comunidades autónomas afectadas, junto con el gobierno central y Adif, para la explotación de líneas. Es muy importante”, señala convencido de que “ha llegado el  momento de prestar atención al mundo rural y sus comunicaciones, para afrontar el reto demográfico, impulsando su economía y asentando población y turismo”.