Un nuevo impuesto promovido por el PSOE pone en riesgo la viabilidad de GSK Aranda

GSK Aranda y sus 600 trabajadores podrían verse afectados de forma directa si el Gobierno de España aprueba la próxima semana un nuevo impuesto sobre gases fluorados, que pondría en riesgo la viabilidad de productos como el Ventolín. Así lo advierte el senador del Partido Popular, Javier Lacalle: este nuevo gravamen afectaría de forma directa a las dos plantas que fabrican Ventolín en España, GSK Aranda, de donde sale el 40% de la producción mundial de este medicamento y una fábrica de Barcelona. “De forma directa afectaría a 1.000 trabajadores, 600 de Burgos”, apremia sin olvidar que este impuesto penaliza también la fabricación de nuevos electrodomésticos por lo que atañería a 32.000 empresas.

Según explica, esta iniciativa surge cuando el PSOE la incorpora “por sorpresa” a modo de modificación en la ley que se está tramitando actualmente para mejorar la transparencia de pequeñas y medianas empresas. “El gravamen que quieren imponer a los gases nada tiene que ver con el objeto inicial de la ley”, rechaza.

De aprobarse tal cual está, la próxima semana, el nuevo impuesto comenzaría a aplicarse el 1 de enero de 2025. Convencidos del quebranto que esto supone para GSK y otras empresas, el PP ha presentado una enmienda para que se apruebe una moratoria que retrase la aplicación hasta enero de 2029. Así, defiende, la empresa que ya está dando pasos para reducir la emisión de gases a la atmósfera, tendría tiempo y capacidad de reacción.

En riesgo, asegura, está la viabilidad de la fabricación de su producto estrella, el Ventolín, pero también la posible llegada de nuevas inversiones que la multinacional está planificando en estos momentos. “Corremos el riesgo de que se vayan a Francia, donde no está este impuesto”.

Aunque desde el PSOE se argumenta que la modificación viene impuesta por Europa, Lacalle zanja el debate porque países como Francia no lo tienen ni lo barajan.

La alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González, hace un llamamiento a los partidos políticos con capacidad para aprobar esta moratoria, como Compromís. “Nos preocupa muchísimo esta situación. GSK es una empresa muy importante para nosotros, uno de los pilares fundamentales por lo que les pido por favor, que apoyen las necesidades y demandas de la localidad”, implora al recordar que de la empresa dependen 600 trabajadores directos.