La Junta otorga protección prioritaria frente a incendios a 99 municipios

La Junta de Castilla y León ha iniciado los trámites para aprobar el nuevo Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León, más conocido como Infocal. El texto sustituirá al que lleva en vigor desde 1999, «dada la evolución de los incendios a escenarios complejos con serias amenazas para las personas y el patrimonio natural y cultural, los cambios normativos en materia de montes y protección civil, así como la experiencia acumulada durante más de dos décadas», según indicaba la propia Administración regional en su presentación.

Este nuevo protocolo incorpora un listado de municipios que «conforme a la metodología de cálculo tienen un índice de peligro de incendios forestales alto o medio, así como una vulnerabilidad por su interfaz urbano-forestal (terreno forestal que se entremezcla con las viviendas) alta o muy alta, y por tanto son considerados enclaves de protección prioritaria».

99 localidades de la provincia de Burgos figuran en esta relación, apenas una cuarta parte del total. La ausencia además en este catálogo de áreas que poseen importantes masas forestales sorprendía a los alcaldes de las zonas y a la propia Diputación Provincial. Interpelado en el Pleno, su presidente, Borja Suárez, reconocía el malestar que este hecho había causado en la Institución y anunciaba medidas al respecto.

Días después, no obstante, calmadas las aguas, Ramiro Ibáñez, vicepresidente y buen conocedor de la materia como alcalde de Canicosa de la Sierra -enclave, por cierto, que no figura en la citada relación- resta importancia al listado en sí. Y es que conlleva una serie de exigencias a los pueblos que aparecen en él que hacen que «quizá formar parte de esa selección no sea lo mejor».

Sin embargo, Ibáñez, en la línea marcada por Suárez, lamenta la ausencia de diálogo previo de la Consejería de Medio Ambiente con diputaciones y ayuntamientos de la región. «Ha faltado información, nos hubiera gustado que nos consultaran», reconoce el diputado para indicar, no obstante, que sus reivindicaciones, en todo caso, van más allá de incrementar ese catálogo de municipios de protección prioritaria.

Y es que a juicio de Ibáñez lo que urge de verdad y lo que «la población nos reclama» es «un debate en profundidad» sobre «el futuro de nuestros montes y bosques». «Si de verdad queremos que estén vivos y que cumplan su función como sumideros de CO2, fijadores de contaminantes y reguladores del ciclo del agua, que sirvan para retener población; si de verdad nos importa lo verde hay que hablar de dinero, hay que dotar con partidas suficientes que nos permitan mantener los bosques para que cumplan su misión, más aún si se emplazan en montes considerados de utilidad pública», relata Ibáñez enérgico, consciente de las dificultades con las que se topan los pequeños ayuntamientos para cumplir y hacer cumplir las normas de prevención. 

«Asumimos la obligación de disponer de planes al respecto, pero hay que entender que la capacidad que tenemos no solo para elaborarlo, sino para poder ejecutarlo es limitada», subraya y concluye que, en definitiva, se precisan «aportaciones de las administraciones superiores». Ibáñez mira en concreto a la Junta de Castilla y León, pues considera que la Diputación ya trabaja en esa línea a través de los programas de empleo, y avanza que espera cerrar un encuentro con el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, para abordar este tema.

Ramiro Ibáñez es consciente, afirma, de que la responsabilidad es de todos, desde el propietario de una finca urbana, que ha de mantenerla en condiciones adecuadas de limpieza, pasando por el alcalde, que ha de exigirlo -aunque sea labor complicada, máxime si carece de una policía local que se encargue de ello-, hasta la Institución Provincial que debe apoyarle. Con todo, insiste, es la Administración regional la competente en materia de incendios y también la responsable de la gestión de los montes de utilidad pública.

Como tal «debe saber que para preservarlos ha de contar con brigadas suficientes y casetas o torres de vigilancia operativas cuando existe riesgo y que no puede haber mermas en la relación de puestos de trabajo de las guarderías forestales, porque al fin y al cabo son los agentes que día a día están en sobre el terreno. Y por supuesto tiene que haber medios aéreos y dotaciones materiales en general modernas, preparadas y en cantidad suficiente», sentencia.

Recuerda además que todo esto, que ha de abordarse en un diálogo conjunto de las entidades citadas y el propio Gobierno de España, pues se precisa coordinación entre las distintas comunidades autónomas, «no deben ser medidas que se escriban en un papel, sin más, sin que los encargados de ponerlas en marcha tengan capacidad económica o humana para ello. Por mucho que tengamos en Burgos zonas ejemplares, como la Demanda, sin medios para mantenerlas y conservarlas es imposible sostener y mucho menos extrapolar el modelo, tal y como se ha planteado en alguna ocasión».