Las monjas okupas de Belorado insisten en que el monasterio de Santa Clara les pertenece

De nuevo bajo el foco mediático y con la demanda de desahucio vista para sentencia, las monjas okupas de Belorado han regresado este martes al Juzgado de Briviesca para reafirmar su derecho a permanecer en el monasterio de Santa Clara. Después de varios intentos de posponer la vista, su defensa ha esgrimido una vez más que la propiedad del inmueble recae sobre las exreligiosas porque nunca han abandonado la comunidad monástica. En base a dicho criterio, la Iglesia nada podría objetar al respecto. 

Amparándose en la libertad religiosa de las monjas cismáticas, uno de sus abogados, Florentino Aláez, subrayaba que la exabadesa y ahora presidenta de la Asociación Monasterio Santa Clara de Belorado, Laura García de Viedma, sería la única representante legal válida del convento -en calidad de persona jurídica- pese a la inadmisión de dicha entidad en el Registro Nacional de Asociaciones. Por lo tanto, niega cualquier legitimidad al arzobispo de Burgos y comisario pontificio, Mario Iceta, como administrador del inmueble y de sus bienes. 

Aparte de insistir en que las ocho monjas demandadas «siguen perteneciendo a la comunidad monástica», Aláez también puso de manifiesto que los tribunales, inclusive la Audiencia Provincial de Burgos, han dado la razón a sus representadas al reconocer la existencia de la asociación pese a no figurar en el Registro Nacional. Asimismo, no dudó en realizar repetidos alegatos a favor de la libertad religiosa y el «derecho a separarse de una confesión».  

Echando la vista atrás, el letrado de las exclarisas trató de hacer ver a la jueza que la ruptura con la Iglesia Católica, oficializada el 8 de mayo de 2024, concedió a García de Viedma plenos poderes para actuar en representación de la comunidad como persona jurídica. Por otro lado, aseguró que todas salvo una «disidente» estuvieron de acuerdo en la ruptura «y lo siguen estando a día de hoy».

Una de las monjas más mediáticas, Sor Sión, llegaba a la vista encomendándose a la «voluntad de Dios» y con la esperanza de que se desestime la demanda de desahucio, tal y como solicita su defensa. Por su parte, el portavoz de la Oficina del Comisario Pontificio, Natxo de Gamón, reconocería después del juicio lo «sorprendente» que le resulta la postura adoptada por la defensa de las monjas mientras insistía en que «no tienen título legal» para permanecer en el monasterio.