Sin parada de autobús en el pueblo: la nueva ley afecta a 25.000 personas en 78 municipios de Burgos
El PP presentará enmiendas contra la nueva norma del Gobierno para que “no se pierdan ni paradas, ni horarios, ni frecuencias, ni servicios en esos pueblos”. Ángel Ibáñez denuncia que la nueva Ley de Movilidad “condena al mundo rural” en Burgos
Un grupo de personas espera la llegada de su autobús en la estación de la calle Miranda
El diputado por Burgos del Partido Popular, Ángel Ibáñez, ha presentado una batería de enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible que promueve el Gobierno estatal con el objetivo de proteger el transporte público en los pequeños municipios de la provincia. Las propuestas, que se debatirán la próxima semana en el Congreso de los Diputados, buscan frenar los efectos de una norma que, según denunció, “va a condenar de nuevo al mundo rural”.
Ibáñez advirtió que la nueva ley, ya avalada por la Comisión de Transportes, está diseñada para conectar únicamente grandes núcleos de población, lo que implicaría dejar sin servicio a decenas de localidades de menor tamaño. "Ahora con esta nueva ley, el Gobierno de Sánchez, con el ministro Puente a la cabeza, ha entendido que la sostenibilidad en el transporte público de viajeros consiste en hacer rutas pasando por núcleos de población que son de tamaño más numeroso", señaló, para después advertir que este modelo deja fuera a “los pequeños municipios que no dan rentabilidad”.
Ángel Ibáñez durante la rueda de prensa.
El impacto en la provincia de Burgos, subrayó, sería especialmente grave. De las 171 paradas de autobús actuales, se suprimirían 69, lo que afectaría a 78 municipios y a una población superior a las 25.000 personas. “Se suprime el 60% de esas paradas”, explicó, recordando que esta situación es parte de un rediseño estatal que contempla la eliminación de más de 9.000 paradas en toda España.
El Partido Popular ha planteado dos enmiendas concretas, una para que el Estado siga prestando el servicio como hasta ahora, y otra que permita acuerdos entre administraciones públicas, siempre con financiación estatal. “Porque lo que pretendemos es que no se pierdan ni paradas, ni horarios, ni frecuencias, ni servicios en esos pueblos”, defendió.
Ibáñez fue especialmente crítico con la redacción del artículo 49 de la ley, que establece que "las paradas intermedias de los servicios de competencia estatal serán, con carácter general, en las poblaciones principales del itinerario". Según el diputado, este matiz abre la puerta a dejar sin cobertura a los municipios más pequeños. “Efectivamente, nadie va a tirar las paradas, no van a desaparecer físicamente, pero se van a perder horarios, frecuencias y esos servicios”, ejemplificó con casos ya ocurridos en la red de alta velocidad.
Además, criticó la postura del Partido Socialista por votar en contra de las enmiendas en la Comisión de Transportes, y señaló a Vox por su incoherencia. “Vamos a trabajar para que ese voto sea favorable a nuestras enmiendas y se pueda aprobar la enmienda que incluya asegurar estos servicios”, aseguró a la vez que reclamó una respuesta clara por parte de los representantes burgaleses de ambas formaciones.
Ibáñez defendió el modelo de Castilla y León como ejemplo de compromiso con el mundo rural, destacando que la Junta ha mantenido el 100% de sus servicios interurbanos, pese a que el 90% son deficitarios. “Es un transporte que está adaptado a las características de nuestra comunidad”, recordó, citando el bono rural gratuito y la reciente gratuidad total del servicio para empadronados.
En su intervención, dejó claro que el Partido Popular derogaría esta ley en caso de gobernar. “Esta sería una de las leyes que el Partido Popular retomaría de nuevo para garantizar esos servicios en la España interior”, concluyó.