Iceta insta el desahucio de las monjas okupas del monasterio de Orduña y las cismáticas prometen resistir

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao ha notificado ya la demanda de desahucio por precario presentada por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, contra las exmonjas que actualmente residen en el monasterio de Santa Clara de la localidad vizcaína de Orduña. En concreto, la demanda se dirige a “los ignorados ocupantes que se puedan encontrar en el monasterio”, una fórmula jurídica que, en la práctica, afecta a todas las religiosas presentes en el inmueble.

El edificio está habitado hoy por cinco hermanas mayores procedentes de los conventos de Belorado y Derio, que permanecen allí por decisión propia, acompañadas por algunas monjas más jóvenes de sus mismas comunidades, responsables de su atención diaria, según explican los representantes legales de las cismáticas, que consideran que esta acción judicial amenaza con fracturar una convivencia elegida libremente y mantenida durante años.

No es el primer intento del Arzobispado por intervenir en la situación, ya que el pasado mes de julio ya se promovió un procedimiento judicial para trasladar por la fuerza a estas cinco monjas mayores, alegando motivos canónicos. Aquel intento fue frustrado tras la oposición de las propias religiosas, que habrían convencido a la Guardia Civil "de la injusticia" según relatan desde la comunidad y han transmitido los abogados que representan legalmente a las exmonjas Clarisas de Belorado en los procesos judiciales y canónicos.

En la demanda presentada ahora, el arzobispo de Burgos reconoce, según las mismas fuentes, la existencia de una comunidad religiosa activa en Belorado, compuesta por las cinco hermanas mayores. No obstante, las monjas okupas aseguran que la comunidad real está formada por ocho hermanas y advierten de que, si el procedimiento de desahucio prospera, las religiosas mayores serían desalojadas del monasterio, en contra de su voluntad.

La comunidad de Belorado ha expresado en un comunicado su firme rechazo a esta nueva ofensiva legal que tildan de "tamaña barbaridad" y aseguran que harán “todo lo que esté en su mano” para preservar la unidad del grupo y garantizar su derecho a seguir viviendo juntas en los monasterios que consideran su hogar. Además, reclaman respeto a su decisión de continuar su vida monástica sin "intromisiones" ajenas.