VOX urge a la Diputación a crear un plan para resistir 72 horas de 'cero eléctrico'
La proposición, que se debatirá el 28 de noviembre, culpa a la "transición ecológica impuesta" de la crisis energética y pide una autoevaluación, una red de generadores y "refugios energéticos" en la provincia
Ángel Martín, diputado provincial de Vox.
El Grupo Provincial Vox en la Diputación de Burgos ha presentado una proposición, que será debatida en el pleno provincial de este viernes, busca blindar a la provincia ante un escenario de apagón prolongado. El portavoz de la formación, Ángel Luis Rivas, ha solicitado a través de la misma la adopción de medidas que garanticen una "autonomía mínima de 72 horas" para los servicios esenciales. La iniciativa ha surgido, según expone el líder del grupo, ante una "sociedad crecientemente dependiente" de un suministro eléctrico que se ha vuelto "peligrosamente inestable".
En este sentido, Martín ha achacado la situación a una "grave crisis energética", que considera "consecuencia directa de una transición ecológica impuesta de forma dogmática e irresponsable". Así, el portavoz de Vox ha criticado “las políticas socialistas que han priorizado la ideología sobre la soberanía energética, desmantelando fuentes fiables como la nuclear”, una energía reconocida ahora como energía verde por la Unión Europea”, al tiempo que ha aumentado la dependencia exterior.
El diputado de la formación de derecha ha advertido que el riesgo de un gran apagón "no es una hipótesis lejana, sino una amenaza real y tangible", citando como prueba el incidente ocurrido "en la primavera de este mismo año".
De esta manera, y según ha relatado Martín Rivas, la proposición subraya la vulnerabilidad específica de la provincia de Burgos, con su "extensa dispersión geográfica" y la dependencia del "mundo rural" de servicios críticos como el bombeo de agua potable, las comunicaciones o la refrigeración en explotaciones ganaderas. Un escenario de "cero eléctrico" de 72 horas, ha advertido, sería actualmente "catastrófico".
Para evitarlo, Vox ha propuesto una estructura de siete puntos clave, siendo el primero la realización de una autoevaluación de resiliencia en un plazo de seis meses. Esta auditoría deberá cubrir las residencias y centros asistenciales, mediante la comprobación de generadores, SAIs y combustible para equipos críticos (respiradores, refrigeración de medicación,etc); el sistema provincial de comunicaciones, mediante un plan "por capas" que incluya desde redes ordinarias hasta sistemas de radio profesional y satélite; la red de carreteras, garantizando el stock de combustibles y sal para la maquinaria de vialidad; los centros de datos (CPD), asegurando la autonomía de sistemas esenciales como las nóminas, el padrón o los servicios sociales; y el ciclo integral del agua, evaluando la dependencia energética de bombeos y depuradoras municipales.
Más allá de la evaluación, los integrantes del grupo Vox han propuesto otras acciones concretas. Entre ellas, Martín ha destacado la creación de un "Comité Provincial Permanente de Resiliencia Energética", un órgano técnico-político encargado de crear y supervisar el plan, realizar simulacros y mantener un inventario de recursos.
La propuesta incluye también la creación de una "red logística provincial de apoyo energético", que contemple un inventario de grupos electrógenos móviles y baterías para un despliegue rápido en municipios y centros críticos, un aspecto que Ángel Martín ha entendido como esencial ya que “se trata de conocer y tener localizados los medios con los que contamos, muy posiblemente no necesitemos gastar más”.
Destaca también el punto cuarto, que ha pedido establecer "puntos o refugios energéticos" en edificios públicos como polideportivos, bibliotecas o parques de bomberos. Estos espacios deberían contar con generador y comunicaciones para "acoger a personas vulnerables (mayores, electrodependientes) temporalmente", según ha asegurado el portavoz de la formación verde. Un aspecto en el que el propio Martín Rivas ha entendido importante el nuevo centro proyectado en Fuentes Blancas.
Finalmente, el plan pretende completarse con el apoyo técnico a los ayuntamientos, una evaluación económica del mismo con un plan de inversión escalable en un plazo de ocho meses y, por último, instando a la Junta de Castilla y León a habilitar líneas de subvención específicas para financiar estas medidas de resiliencia energética tanto a diputaciones como a ayuntamientos de Castilla y León.